La vicepresidenta primera del Gobierno viajó ayer a Estrasburgo para concienciar a la Eurocámara sobre los problemas derivados de la inmigración ilegal, que no son estrictamente de España y otros países mediterráneos como Malta, Italia o Grecia, sino del conjunto de la UE por su propia estructura y por los objetivos que animan a los ‘sin papeles’.

María Teresa Fernández de la Vega intervino ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior y se reunió con los presidentes de grupo de la institución, además de con su presidente, Josep Borrell. El mensaje que llevó no fue otro que la necesidad de que Europa se dote de una política común de inmigración. Se trata de una vieja ambición de distintos sectores de la UE que no ha llegado a cristalizar por las diferentes percepciones que los Estados miembros tienen del problema.

Las recientes actuaciones de la UE ante las avalanchas de ‘sin papeles’ – Ceuta y Melilla el año pasado, ahora Canarias – son acciones puntuales que no ocultan la falta de una política común de inmigración que facilite el acceso ordenado de personas del Tercer Mundo para trabajar en la Unión Europea.

Las medidas adoptadas en Canarias comprenden iniciativas auspiciadas por las instituciones comunes, como el envío, por ocho países miembros, de unidades aéreas y marítimas para vigilar el flujo de cayucos. El viaje de De la Vega responde a la mayor permeabilidad de la Eurocámara a estas problemáticas. En el Consejo Europeo, las reticencias son mucho mayores.