La Subdelegación del Gobierno en Málaga aguarda la decisión judicial sobre la reclamación de la Asociación Contratista con Organismos Públicos (Acop), que puso una querella contra el organismo en mayo de 2005 al no serle recogida la documentación que solicitaba la regularización de unos inmigrantes.

Preguntado por la reclamación de responsabilidad patrimonial de 151 inmigrantes contra la Subdelegación por 6.437.785 euros que promovió Acop al creer que, por un «anormal funcionamiento», se suspendieron 316 expedientes de residencia y trabajo, el delegado del Gobierno central en Andalucía, Juan José López, aseguró que en este asunto «hay dos cuestiones distintas».

Reclamaciones

«Hay una reclamación de tipo administrativo, por la tramitación que se hizo con los permisos de trabajo y residencia, y otra posterior por la puesta en libertad de esta persona, que hace una reclamación de tipo penal, que a los tribunales nos remitimos», precisó.

Se refería al presidente de Acop, Antonio Villena, que estuvo dos meses encarcelado por una denuncia por estafa, que luego fue archivada. Entonces, la Acop aseguró que la acusación era falsa y «obedecía a una maniobra de Subdelegación para evitar la denuncia que por vía penal le presentó antes la asociación, su presidente y nueve de sus voluntarios».

Por su parte, Juan José López explicó que la Subdelegación, «en el momento en que hay una reclamación a través de la vía judicial, lo único que hace es esperar y respetar las decisiones de los tribunales».