«Nadie está a salvo de que le ocupen su casa. Es un problema gravísimo, que no deja de crecer». La reflexión es de José Miguel Alonso, vicepresidente de la Cámara Urbana de Bizkaia, la asociación de propietarios y usuarios de fincas urbanas. Y los hechos parecen darle la razón. La alarma social por las ocupaciones de viviendas alcanzó hace sólo unos días cotas máximas después de que unos individuos, con un contrato falso en mano y representados por un abogado, se instalasen en pleno centro de Bilbao en el piso de una familia que había ido a pasar unos días a Plentzia. Este allanamiento de morada cobró especial notoriedad, se convocaron protestas frente al portal y los ocupantes no tardaron en abandonar el piso. Pero hay otros muchos delitos similares que no han trascendido. Lo sufrió, por ejemplo, una consejera del Gobierno vasco, que hace sólo unos meses también fue víctima de las mafias que han encontrado en las ocupaciones de viviendas una forma muy lucrativa de hacer dinero fácil.

La «gran mayoría» de las ocupaciones que se registran hoy en Euskadi las auspician grupos organizados o individuos con «prácticas mafiosas». Los okupas son cómplices o, en muchas ocasiones, también víctimas de estafas de estos individuos. Es la advertencia que lanzan desde la antigua Cámara de la Propiedad, desde el Departamento vasco de Vivienda y desde fuentes especializadas de la Ertzaintza. «La tipología ha cambiado», insisten. «No hablamos de usurpaciones por necesidad, sino propiciadas por individuos a los que solo les mueve el lucro».

Lo que sufrió la consejera del Gobierno vasco es otro ejemplo de lo que los expertos denominan «prácticas mafiosas». Ocurrió en una vivienda de su familia, ubicada en Vitoria, que no estaba habitada en ese momento. Unos individuos mandaron un paquete a esa dirección dirigido a los futuros okupas. En el piso no había nadie y el envío fue devuelto. Días después entraron en la casa y reclamaron el paquete. Lo hicieron para tener una prueba falsa de que estaban ya morando allí. Se trataba de una estrategia dirigida a entorpecer la labor de la Policía y de los jueces en el caso de que alguien les pidiese explicaciones. Básicamente, porque este tipo de artimañas obligan a practicar pruebas y, por extensión, suelen dilatar durante meses los procesos de desahucio.

Recalca que hoy día las ocupaciones en Euskadi no están vinculadas a la pobreza
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

Estos okupas acabaron abandonando la vivienda de la familia de la consejera. Pero hay otras muchas personas que no tienen tanta suerte. Según datos del Instituto Cerdá, en España hay más de 87.000 viviendas ocupadas de forma ilegal. A este nivel, no hay datos concretos sobre Euskadi. Lo que se sabe es que en el País Vasco la versión más extrema de este problema la ocupación de inmuebles que constituyen vivienda habitual no ha dejado de crecer en los últimos años. Según datos de la Ertzaintza, el año pasado se produjeron 162 denuncias por allanamiento de morada, 22 más que en 2018 y 29 más que en 2017. Hasta mayo de este año se han registrado solo 58 casos, pero se trata de cifras condicionadas por el confinamiento impuesto para frenar la expansión del Covid-19.

Instrucción de la Fiscalía
Estas estadísticas sólo hacen referencia a los delitos más graves, pero no incluyen las usurpaciones de viviendas deshabitadas o en ruinas, que son las más habituales. Además, muchos de estos últimos supuestos están recogidos como delitos leves en el Código Penal y la recuperación de la propiedad puede demorarse años, según explican fuentes judiciales.

Desde el Departamento vasco de Vivienda advierten de que hoy en día las ocupaciones de vivienda en Euskadi no están vinculadas como norma general a situaciones de pobreza. A diferencia de otros territorios, el País Vasco insisten dispone de un «colchón» social lo suficientemente fuerte como para hacer frente a las denominadas «emergencias habitacionales».

Fuentes especializadas de la Ertzaintza recalcan que gran parte de estos delitos son cometidos por «grupos de delincuentes» que se dedican a «rastrear» los inmuebles vacíos y que disponen incluso de manuales de instrucciones. Muchas veces, estas organizaciones se aprovechan también de inmigrantes irregulares con dificultades para acceder a servicios públicos.

La cifra
162
denuncias recogió la Ertzaintza en 2019 por allanamiento de morada (105 en Bizkaia, 15 en Álava y 42 en Gipuzkoa), 22 más que en 2018 y 29 más que en 2017. Estos casos, no obstante, sólo hacen referencia a los domicilios habituales y no incluyen las ocupaciones en pisos deshabitados o en ruinas.
Uno de estos casos se produjo el pasado año en el barrio bilbaíno de Basurto, según explican desde la antigua Cámara de la Propiedad. Una mujer de origen sirio acababa de llegar a España con su hijo pequeño huyendo de la guerra. Había perdido a su marido y estaba embarazada. Contactó por internet con una persona que le ofreció un piso en alquiler en Basurto. Estuvo allí unos dos meses hasta que sus verdaderos dueños, que se habían marchado a Galicia, le advirtieron de que esa casa era suya.

Esta mujer abandonó el piso de forma voluntaria en cuanto supo la verdad. Del hombre que le había cobrado unos 2.000 euros no supo nada más. Pero no suele ser lo habitual. Muchas veces, los abogados de los okupas exigen dinero para abandonar la casa. José Miguel Alonso reconoce que él mismo ha llegado a recomendar a algunas víctimas que paguen. Y es que, en estos casos, «mientras no se reforme la ley», se trata de elegir el mal menor: abonar, por ejemplo, 3.000 euros o enfrentarse a un largo proceso judicial que va a costar unos 1.000 euros como mínimo y correr el riesgo de que te destrocen la vivienda. En todo caso, en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia no han recibido de momento denuncias contra ningún letrado del territorio por estos motivos.

Sin respuesta uniforme
¿Por qué cuesta tanto recuperar la propiedad? En junio de 2018 se estableció una modificación legal dirigida precisamente a «agilizar» la recuperación de los inmuebles. Se trata de la denominada ley de desahucio exprés. Sin embargo, el decano del Colegio de la Abogacía, Carlos Fuentenebro, subraya que la agilización pretendida con estos cambios legales ha quedado superada «por la realidad burocrática de los trámites procesales que se requieren para ello».

«Hay mafias que alquilan casas que no son suyas y luego extorsionan a los propietarios»
CÁMARA DE LA PROPIEDAD

Según coinciden distintas fuentes, el problema de fondo reside en que no existe una «respuesta jurídica uniforme», a lo que se añade también la variedad de supuestos y el «desconocimiento» de las herramientas que existen. En Baleares, de hecho, la Fiscalía llegó a publicar hace un año una instrucción para aclarar los «criterios de actuación» en estos casos ante la gravedad del problema.

En Bizkaia, el Ministerio Público no ha elaborado documentos explicativos de estas características. Y desde el Departamento de Seguridad insisten en que los protocolos de la Ertzaintza marcan que se debe desalojar de forma «directa e inmediata» a los okupas y detener si procede cuando se sabe que han entrado en el «domicilio habitual» de una persona.

El problema explican fuentes policiales es que muchas veces los ocupantes esgrimen contratos y documentos falsos para dilatar los procesos y hacer «dudar» a las autoridades. «Otras veces, los policías no actúan directamente en los casos más graves, a pesar de estar respaldados legalmente para hacerlo, por desconocimiento de las normas. Y también por miedo a que los okupas les denuncien por un delito de allanamiento de morada», explica un ertzaina. Sucedió, por ejemplo, en el caso de ‘Vitori’. Esta mujer de Portugalete vio hace meses cómo le ocupaban la casa en la que llevaba viviendo décadas. Los intrusos no la abandonaron hasta días después, en medio de una gran protesta vecinal. «Con la ley en la mano, no habría que haber esperado tanto», insisten los mismos medios.