La Policía Municipal de Bilbao ha denunciado la situación irregular de un inmigrante boliviano que vive y, supuestamente, trabaja desde el pasado enero en una perrera contratada por los ayuntamientos de la capital vizcaína, Santurtzi y Portugalete para realizar la recogida de animales abandonados en la calle. Según la guardia urbana, el hombre, de 42 años, entrenaba y cuidaba a unos 30 perros en el centro canino La Encinilla, con base en Santurtzi, el mismo lugar donde dormía.

La Policía bilbaína imputa al responsable de la empresa un delito contra los derechos de los trabajadores y ha enviado el atestado al juez. Por su parte, el denunciado – A.J.V. – niega que el inmigrante trabajara en la perrera, y alega que sólo «era un colaborador». A.J.V. asegura que intentó regularizar su situación ofreciéndole un contrato en el último proceso extraordinario, pero que le denegaron esta posibilidad porque el solicitante había llegado al país en agosto, un mes después de la fecha límite. «Tiene título de adiestradorde perros policía; sería muy válido para el puesto, pero…». El propietario admite que el inmigrante sigue viviendo en la perrera, aunque «se queda en una zona privada, separada del resto de las instalaciones». «¿No le voy a echar a la calle! Es una bellísima persona y lo hago a título personal porque no tiene otro sitio donde ir», explicó en declaraciones a este periódico.

El caso se destapó el pasado mes de abril, en plena Semana Santa, cuando una patrulla de la guardia urbana encontró a un perro sin correa ni bozal y con aspecto de llevar varios días desatendido junto a las instalaciones del polideportivo de Txurdinaga. Los policías avisaron al servicio contratado por el Consistorio para que retirara el can de la vía pública. Se presentó en el lugar una furgoneta del hotel canino La Encinilla. Cuando los agentes requirieron al conductor la documentación, éste les exhibió un carné internacional caducado.

El trabajador irregular confirmó a los agentes que carecía de contrato y de permiso de residencia, no tenía vacaciones ni días de descanso y cobraba en mano 1.000 euros al mes. Temía quedarse sin sustento ni cobijo, ya que, según manifestó, vivía en las mismas instalaciones donde desempeñaba su labor, porque «no tenía otro sitio». Según detalla la denuncia, entrenaba a los perros, limpiaba las jaulas y recogía animales abandonados por sus dueños en los municipios de Bilbao, Santurtzi y Portugalete. Junto a él trabajaba con contrato un veterinario.

«Papeles en regla»

La furgoneta quedó inmovilizada en la comisaría de Otxarkoaga y fue retirada al día siguiente por el dueño de la empresa, quien, sin embargo, no compareció al ser requerido por la Policía local. A.J.V. asegura que el caso ha sido ya «sobreseído» por los tribunales y que el Cuerpo Nacional de Policía, con competencia en asuntos de inmigración, no ha tramitado la carta de expulsión. «Lo único que nos ha llegado ha sido una multa de 180 euros por circular con un carné sin homologar», afirma. «Tengo contratados a otros dos trabajadores extranjeros», se defiende.

El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, advierte de que, aunque la guardia urbana haya denunciado las irregularidades detectadas en la perrera, «es un problema de la empresa». El área municipal de Salud y Consumo contrató el servicio después de un concurso y, entonces, la empresa «tenía los papeles en regla». Por lógica, una de las condiciones se refería a que todos los trabajadores estuvieran contratados y dados de alta en la Seguridad Social, extremo que al menos en aquel momento «se cumplía».

Esta misma perrera fue denunciada en noviembre de 2000 por una asociación de defensa de los animales y por concejales del Ayuntamiento de Santurtzi por la supuesta insalubridad de las instalaciones y por la muerte de tres perros.