Nueva Canarias trató este miércoles de dar visibilidad en el Parlamento regional a la «situación injusta y dramática» que sufrieron durante el confinamiento cientos de familias de migrantes que viven en situación irregular en Canarias, que se vieron sin comida y sin derecho a ayudas, y solo consiguió que la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, pasara de largo y centrara más sus intervenciones en hablar de lo que el Gobierno canario ha hecho por los menores extranjeros no acompañados o en responder a las críticas de la oposición sobre la mala acogida que se les está dispensando a los migrantes que llegan en patera.

Santana no puso sobre la mesa ni un solo compromiso que dependa de su propia iniciativa para tratar de evitar que, en el escenario hipotético de otro rebrote de la covid-19 que conlleve otro periodo de confinamiento, este tipo de familias se vean expuestas otra vez a pasar hambre porque no existen para el sistema. Son familias que viven en Canarias desde hace tiempo, están arraigadas, muchas con hijos incluidos, y que trabajan aquí, pero que lo hacen sin contrato y en situación irregular porque no tienen papeles. Por tanto, no pueden acogerse a ningún ERTE ni reciben ayudas sociales. Tampoco suelen tener una red familiar que les asista. Si trabajan, cobran. Si no, nada.

La consejera compareció en la comisión de Derechos Sociales a petición de la diputada de NC en la Cámara regional, Carmen Hernández, que recordó que estos migrantes contribuyen además a la economía canaria. «Viven entre nosotros y hacen trabajos que nosotros no queremos o no podemos hacer». Entre los afectados, apuntó, hay muchas personas que se dedican a la limpieza de hogares, al cuidado de personas mayores, o trabajan de jornaleros en el campo.

Dijo que, según datos que le aportó la Federación Países, casi 300 familias en Gran Canaria se vieron «sin nada que comer» y sin que las administraciones les atendieran. «Están en una especie de limbo administrativo», pero existen. «Lo que han vivido es inhumano e injusto, las instituciones no pueden mirar para otro lado».

Santana recordó que la atención a los migrantes no es competencia del Gobierno regional, sino del Estado, y que pese a ello el Ejecutivo canario ha dispuesto recursos económicos y de logística para su atención, pero Hernández le recordó que estas familias de migrantes viven aquí desde hace tiempo. «A mí me gusta diferenciar entre incumbencia y competencia, y creo que la situación de esas familias sí le incumbe a la sociedad canaria». Le instó a que liderara alguna fórmula legal con cabildos y ayuntamientos para que en otro posible confinamiento sí puedan recibir ayudas.

«Una posible regularización»

Hernández propuso también a Santana la posibilidad de que aproveche las reuniones de la Comisión Canarias-Estado para plantear la conveniencia de una «regularización ordenada y extraordinaria» de estas personas que demuestran un vínculo con el territorio y «a las que hay que darles una respuesta». Lo acaban de hacer Portugal e Italia, recordó.