El sindicato policial CEP denuncia que los agentes cobran menos de la mitad por realizar el servicio El Ministerio del Interior paga 300 euros a los inmigrantes subsaharianos que son expulsados a Africa para evitar disturbios cuando aterrizan en su país de origen, según aseguraron a este diario fuentes policiales. Así sucedió en el vuelo de repatriación a Guinea – Bissau que tuvo lugar el pasado viernes, en el que se expulsó a 33 ciudadanos de este país.

Paradójicamente, los agentes que custodiaron el vuelo tan sólo cobraron 120 euros por este servicio, menos de la mitad de lo que percibieron los inmigrantes irregulares, según denuncia la Confederación Española de Policía (CEP) en Canarias.

Tras el tropezón de Senegal, la expulsión de 33 ciudadanos de Guinea – Bissau – 26 procedentes de Las Palmas y otros siete de Málaga – también se convirtió en una auténtica odisea. Los agentes se encontraron con el aeropuerto cerrado, tuvieron que hacer parada en Senegal y tras intensas gestiones lograron que las autoridades de Guinea – Bissau abrieran el aeródromo para poder aterrizar con los inmigrantes.

Ya en el país de origen entregaron a cada guineano la cantidad de 300 euros para acallar las protestas. No hay que olvidar que en la mayoría de estos vuelos se oculta a los inmigrantes que viajan de vuelta a su país y se les engaña diciéndoles que se trasladan a una ciudad española. Al aterrizar, cuando descubren que se encuentran en Africa, después de haberse jugado la vida y todos sus ahorros para llegar a España, comienzan los gritos, los lamentos y los enfrentamientos, como sucedió en la primera repatriación de ciudadanos a Senegal.

Para aliviar esta situación, la Policía proporciona a los inmigrantes cantidades que pueden oscilar desde los 100 a los 300 euros. En esta ocasión, el Gobierno español fue bastante generoso, tal vez para evitar que se repitieran los disturbios de Senegal, cuando los ciudadanos expulsados se negaron a bajar del avión y acusaron a la Policía española de haberles maltratado.

El vuelo a Guinea – Bissau partió a las 19.30 horas desde el aeropuerto de Gran Canaria con destino al país africano, pero cuando ya se encontraban cerca del aeropuerto, la tripulación del avión se percató de que el aeródromo se encontraba cerrado y sin iluminación. Ante este contratiempo, la nave se vio obligada a desplazarse a Dakar, la capital de Senegal.

Allí, tras avisar a la torre de control, lograron que las autoridades locales les permitieran aterrizar y les surtieran de combustible para proseguir el viaje.

Los responsables del vuelo contactaron entonces con el cónsul español en Guinea – Bissau, quien realizó intensas gestiones para conseguir la apertura del aeropuerto. Finalmente, el avión logró aterrizar en Bissau a las 5.00 de la madrugada del sábado, después de 21 horas de vuelo, durante el cual los policías no pudieron salir de la nave.

El secretario regional del sindicato policial CEP en Canarias, Agustín Brito, denunció ayer la precaria situación que viven los agentes con vuelos maratonianos, en los que ni siquiera son vacunados ni llevan un visado para poder ausentarse del avión. Brito reclamó al Ministerio del Interior que lleve a cabo una mejora en la organización de estos vuelos y lanzó varias preguntas al aire: «¿A cuánto ascendió el coste real de la repatriación de los 33 inmigrantes irregulares a Guinea – Bissau? ¿Por qué se ponen trabas al personal que interactúa con inmigrantes y quiere vacunarse? ¿Dónde están la sensibilidad y responsabilidad de este Gobierno?».

Éste es el tercer incidente que se produce con el Gobierno de Guinea – Bissau en los últimos cuatro meses, a pesar de que este país suscribió en 2003 un convenio de repatriación con España.

El pasado 4 de marzo, un avión que trasladaba a 25 subsaharianos y 31 policías tuvo que regresar a Madrid desde la capital Bissau porque las autoridades del país africano aseguraron que no habían recibido ninguna comunicación de la llegada de estos inmigrantes por parte del Gobierno español.

Una situación similar se repitió un mes después, pero en esta ocasión el avión no llegó a despegar de Barajas. El 16 de mayo, 90 funcionarios de la Policía se quedaron apeados en el aeropuerto madrileño puesto que a última hora se anuló el viaje para el que habían sido movilizados: supervisar la repatriación a Mauritania y a Guinea – Bissau de 180 inmigrantes llegados irregularmente a Canarias. Con el avión en pista, la tripulación preparada y el dispositivo de traslado montado, los funcionarios tuvieron que regresar a sus hogares.

El percance de Guinea – Bissau se produjo una semana después de la primera expulsión de inmigrantes a Senegal, que logró fulminar el acuerdo de repatriación suscrito entre ambos países.