Cada año se registran en Estados Unidos alrededor de mil muertes de ciudadanos negros a manos de la policía. Esta trágica realidad tiene que ver con el racismo policial, que hunde sus raíces en los años de la esclavitud, primero, y luego en la pos­terior discriminación racial. Periódicamente, uno de estos asesinatos provoca protestas multitudinarias y, también, disturbios. Uno de los últimos, el de George Floyd en Minnea­polis, ha encendido una auténtica hoguera, cuyas llamas se han propagado por las principales ciudades norteamericanas y europeas. En todas ellas se ha denunciado el racismo de la policía estadounidense, lo que es sin duda pertinente, y se ha procedido en ocasiones al pillaje, lo que no es en modo alguno aceptable, y también al indiscriminado derribo de estatuas, a veces de traficantes de esclavos, a veces de exploradores como Cristóbal Colón.

Estas protestas por lo que ocurre en Estados Unidos son comprensibles, vistos casos como el de Floyd, en el que se produjo un flagrante y mortífero abuso policial. Pero, por desgracia, y aunque en otras proporciones y con un balance muy distinto, en nuestro país la policía se comporta también a veces de modo censurable. El último caso conocido ha sido el protagonizado por el joven negro Wubi D.R., que en enero del año pasado fue vejado por seis miembros de los Mossos d’Esquadra en Sant Feliu Sasserra (Bages). Hubo ya antes en Catalunya numerosos hechos de esta naturaleza. La diferencia estriba en que Wubi grabó los insultos –“mono”, “negro de mierda”, etcétera– pronunciados por los agentes mientras le maltrataban, y les denunció.

Los Mossos son los primeros interesados en erradicar los brotes racistas de sus filas

Miquel Buch, conseller de Interior, ha decidido trasladar a los seis mossos implicados en el caso, un año después de que se produjera el lamentable suceso. Y Eduard Sallent, jefe de los Mossos, ha dirigido una carta a sus subordinados en la que califica de “vergonzosa e indignante” la actitud de los policías trasladados y afirma que las actitudes racistas, xenófobas o discriminatorias no tienen cabida en los Mossos. Se trata de reacciones en la dirección adecuada, pero quizás no suficientes. Porque no se trata de censurar y reparar un hecho aislado, sino de proceder a reformas estructurales que permitan erradicar todas las conductas de este tenor.

Según el Servei d’Atenció i Denúncia de SOS Racisme, en los últimos veinte años se han recogido cerca de 600 casos de racismo policial, que representan un 23% de los casos asumidos, más de 2.500. Tan sólo cuatro policías han sido condenados a consecuencia de este considerable volumen de casos. Según SOS Racisme, el sistema presenta fallos estructurales que dificultan las denuncias, como la situación de indefensión de las víctimas, el racismo presente en el sistema judicial y la falta de reconocimiento de las prácticas racistas en el seno de los cuerpos policiales.

Es bien sabido que el primer paso para resolver un problema es admitirlo. Por ello la mencionada entidad reclama que haya un reconocimiento institucional del racismo existente, que se implementen mecanismos de control y, también, que se acometa una reforma integral de la seguridad, enfatizando la prevención social y revisando los criterios de selección de los policías.

Los Mossos d’Esquadra desarrollan, en líneas generales, una labor encomiable. Son, por tanto, los primeros interesados en alejarse de estereotipos racistas y, llegado el caso, en excluir de sus filas a aquellos funcionarios que se comportan inadecuadamente. Es probable que en alguna crítica que ha recibido la Conselleria d’Interior a raíz de este caso haya reflejos de la lucha fratricida entre las dos principales fuerzas independentistas. Pero eso no las invalida. Porque la actuación policial debe ser en todo momento ejemplar, irreprochable, y observar los principios que le impiden cualquier discriminación por razones de etnia, religión, opinión, sexo, etcétera.