Madrid
En el año 2002 eran algunos centenares, pero hoy se cuentan por miles los sin papeles trasladados a la Península desde Canarias. Las comunidades autónomas receptoras ponen cada vez más reparos a los envíos masivos: exigen más transparencia, más medios y pretenden fijar un límite al reparto solidario.

La crisis migratoria que afronta el Archipiélago por la avalancha de cayucos procedentes de Mauritania y Senegal ha multiplicado el número de inmigrantes que el Estado traslada a la Península dentro del plazo de retención, ante la imposibilidad de repatriarlos.

Hasta comienzos de junio ya se habían derivado 5.400, repartidos principalmente entre Madrid, Murcia, Valencia, Málaga, Algeciras y Barcelona. Todas las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados han expresado sus quejas – algunas públicamente como Madrid y otras de forma discreta como Andalucía – por el «descontrol» de los traslados.

Se quejan del notable incremento de los inmigrantes que reciben derivados desde las Islas y sobre todo, de falta de transparencia. No se trata, dicen, de truncar la solidaridad con Canarias sino de acoger a un numero de sin papeles ajustado a su capacidad y de contar con toda la información previa. Para seguir asumiendo su cuota y las autonomías receptoras demandan además al Estado más medios financieros y humanos.

Madrid es la comunidad más beligerante. La consejera de Inmigración madrileña, Lucía Figar, ha protestado en varias ocasiones – la última hace sólo unos días – por tener que hacerse cargo, según sus datos, del 65% de los irregulares trasladados a la Península, y asegura que el Estado no les avisa ni cuándo ni cuántos llegan cada vez.

La responsable estatal de Inmigración, Consuelo Rumí, mantiene que muchos de los emigrantes que son enviados a Madrid van en tránsito hacia otras autonomías y que los que se quedan son atendidos por ONG, porque la Comunidad que preside Esperanza Aguirre no ha puesto «ni una sola plaza» de acogida a disposición del Estado.

Rumí atribuye las quejas una reacción hostil de las autonomías gobernadas por el PP a las que, a excepción hecha de Murcia, acusa de incumplir el acuerdo de derivación suscrito en 2002 para aliviar la saturación de los centros canarios. Pero también Cataluña ha expresado su malestar. Tanto el PP catalán como ERC – incluso mientras formó parte del tripartito – han pedido que se suspenda el traslado de irregulares a su territorio a través delos aeropuertos de Barcelona, Reus y Girona. En Andalucía, el alcalde de Málaga ha reclamado al Estado que se le informe regularmente de los envíos para evitar «situaciones de oscurantismo». El presidente Manuel Chaves se ha sumado a la petición de información. La región de Murcia colabora, pero ya ha solicitado que se disminuya el ritmo de los traslados.

El presidente de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero señaló su preocupación dado que «si las autonomías dicen basta, los miles de irregulares que están en los centros de retención acabarán en las calles canarias cuando vayan cumpliendo los 40 días de retención, y eso sería gravísimo», señaló.

Como medida preventiva, CC propuso sin éxito en el Debate sobre el estado de la Nación la modificación de la Ley de Extranjería y alargar el plazo de internamiento en casos excepcionales. Con ello se da tiempo a la repatriación o evitar contagios en caso de enfermedad.

«El Gobierno ha rechazado nuestra propuesta, pero estamos convencidos de que cuando llegue una avalancha tendrá que abrir una reflexión al respecto», expuso.
temor en coalición canaria

Coalición Canaria (CC) ha advertido de las graves consecuencias que podría tener para las Islas una posible negativa de las comunidades autónomas a seguir recibiendo inmigrantes irregulares desde el Archipiélago. El presidente nacionalista, Paulino Rivero, considera que al Estado «se le puede ir de las manos» el problema si no logra vencer los reparos de las regiones receptoras.
el reparto fue acordado en el año 2002
(Foto: canarias7)AMPLIAR

Secretaria de Estado. Consuelo Rumí.

Cuatro años. El Estado y las comunidades autónomas llegaron a un acuerdo para la derivación de inmigrantes en 2002 para dar salida a los sin papeles que rebasaran la capacidad de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla. En enero de 2005 el Gobierno del PSOE estableció un protocolo de traslados.

Represalias. La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ya ha advertido que las autonomías que no cumplan el acuerdo alcanzado en el año 2002 quedarán fuera del reparto de los 165 millones de euros del fondo de acogida.

Gasto. Sólo en los primeros tres meses de 2006 el Estado gastó 3 millones de euros en traslado de inmigrantes desde Canarias a la Península, lo que supone el 75% del total gastado por el mismo concepto en 2005, que ascendió a 4, 5 millones.