París – El barrio de San Cristóbal, una zona modesta del distrito de
Villaverde donde conviven ciudadanos de más de 140 nacionalidades, comenzó
a recuperar la luz, y con ella la tranquilidad nocturna, a principios de
la semana pasada. Algunas zonas del vecindario llevaban hasta un mes sin
alumbrado público. Pero no se trataba de averías tardíamente reparadas.
Los cables de cobre subterráneos de las farolas habían sido robados de
manera masiva.
   Mari Prado de la Mata, la presidenta de Unidad, la
combativa asociación de vecinos del barrio, fue quien comenzó a llamar la
atención sobre los robos. Pronto se comprobó que el problema de San
Cristóbal era sólo la punta del iceberg. Las empresas concesionarias del
alumbrado han reconocido que en los últimos cinco meses se han robado en
Madrid unos 300 kilómetros de cable de cobre. El ayuntamiento estima en
277.000 euros el gasto de material durante los primeros meses. Sólo hay
que hablar con los operarios encargados de la reparación para darse cuenta
de que el daño es general. «Ha pasado en todas partes. En Vallecas, San
Blas, Latina, Aluche…. las pérdidas de las empresas son enormes»,
comenta uno de ellos.
   Impunidad. El método de robo es como sigue,
según relata Mari Prado: «Vienen por la noche, abren las arquetas y cortan
los cables por distintos puntos con una zizaya. Luego lo cierran de nuevo
y a la noche siguiente vuelven y se lo llevan todo». Los empleados de SICE
que reparan el alumbrado en el barrio también conocen bien el
procedimiento. «Lo primero que hacen es ir al contador que controla el
alumbrado de cada zona y cortar el cable que sale de allí», explica uno,
mientras trabaja, semienterrado en el hueco de una arqueta, a pleno sol:
«Cuando todo queda a oscuras ya pueden hacer lo que quieran».
   Los robos, además, no ocurren sólo en lugares apartados. Las calles más
concurridas no se han librado del expolio, y en San Cristóbal se ha visto
a personas quemando el plástico que recubre los cables en plena calle. La
razón de que este tipo de delito, que no es nuevo, haya aumentado de tal
manera es sencilla. Su precio se ha triplicado en los últimos tiempos. Por
un kilo se pueden pagar entre 3 y 6 euros, y es un material fácil de
vender en algunas chatarrerías. El cobre, a día de hoy, vale casi lo que
el oro, y, como apuntaba con humor uno de los operarios, «es bastante más
fácil de extraer».
   O por lo menos lo era hasta ahora,
porque las empresas parecen decididas a evitar nuevos robos. En San
Cristóbal, los operarios llenaban la semana pasada las arquetas con arena,
sobre ésta, ponían hormigón y, finalmente, sellaban la tapa, soldándola.
Parece una protección insalvable, pero los vecinos son escépticos. «Antes
necesitaban dos minutos y la policía tardaba tres en llegar. Si ahora
necesitan veinte, la policía tardará veintiuno», comentaba con sorna un
viandante.
   Pese a esta visión del funcionamiento policial, lo cierto
es que ya ha habido dos detendidos en relación con los robos. Fuentes de
la Concejalía de Seguridad de Madrid afirmaron que se está trabajando
intensamente en el tema. Por otro lado, agentes de la Policía Local de
Rivas Vaciamadrid detuvieron el pasado día 9 a tres personas a las que
sorprendieron cuando cargaban cable en una furgoneta, a la altura del
kilómetro 21 de la autovía A – 3. Lo habían sustraido de varias arquetas
abiertas junto a la carretera. Buena noticia por la efectiva actuación
policial. Mala porque parece que el robo se extiende hacia nuevas zonas de
la comunidad.
   Madrid no es, sin embargo, la única capital que sufre
un tipo de delincuencia que parece generalizarse. Sin ir más lejos, a
finales de mayo, el parque Oliver, unos de los más grandes de Zaragoza, se
quedó a oscuras por la sustracción de más de 5 kilómetros de material.
   Integración. Dos de los detenidos en la citada operación en Rivas eran de
nacionalidad española. Sin embargo, en el barrio de San Cristóbal, las
voces de la comunidad apuntan en dirección a algunos vecinos de origen
rumano y etnia gitana que residen en dos bloques de pisos, en la calle
Beniferri. Mari Prado niega que el barrio sea racista. «Aquí hay más de
ciento cuarenta nacionalidades y, excepto problemas normales, que también
puedes tener con un español, la integración progresa. Lo que pasa es la
gente ha envejecido y se ha olvidado de cómo era esto hace años, lleno de
niños y de gente joven».
   Desde Izquierda Unida, el
concejal Luis Misiego apuntó su preocupación por los hechos. «No existen
los medios necesarios para luchar contra este tipo de criminalidad»,
comentó, «es una responsabilidad del equipo de gobierno que está fallando
en el desarrollo de la policía de proximidad».