La convalidación ayer en el Congreso del decreto ley por el que se regula el Ingreso Mínimo Vital (IMV) abre la puerta a que 60.000 vascos que se encuentran en riesgo de pobreza y que no acceden al sistema de prestaciones, incluida la RGI, se puedan beneficiar de la nueva ayuda, además de otros 30.000 que ya la perciben y que la cobrarán de oficio por parte de Lanbide.

Una vez superado ayer el trámite parlamentario, que contó con el apoyo del Partido Popular, con la intención de que se tramite como proyecto de ley y poder así presentar enmiendas al mismo, los posibles beneficiarios de esta ayuda, con la que el Gobierno central pretende hacer frente a las familias y personas en riesgo de pobreza, podrán solicitar la prestación a partir del próximo lunes. En el caso de Euskadi se hará en Lanbide, ya que el servicio vasco de empleo, al igual que el Navarro, gestionará la nueva ayuda tras el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno central para transferir la gestión.

El Congreso avala sin ningún voto en contra el ingreso mínimo vital
El Congreso avala sin ningún voto en contra el ingreso mínimo vital
MARÍA EUGENIA ALONSO
Los actuales perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos y que tengan derecho al IMV no tendrán que realizar ningún trámite ya que será el propio Lanbide el encargado de abonar la ayuda de oficio. Fuentes del Servicio Vasco de Empleo indicaron ayer a este periódico que se encuentran todavía cotejando los datos y que desconocen hasta el momento la cifra exacta de los perceptres de RGI que se beneficiarán de la ayuda estatal. Con todo, estiman que rondará los 30.000.

En la actualidad los perceptores de la RGI se elevan a 53.274 personas. De estos, 20.000 quedan excluídas de la nueva ayuda estatal. Se trata fundamentalmente de dos colectivos, los pensionistas mayores de 65 años a los que la RGI complementa su prestación (13.185), y los inmigrantes que no tienen residencia legal (3.000).

Pero además de esos 30.000 perceptores de la RGI con derecho a la nueva ayuda y que en ningún caso verán minorizada su prestación, ya que Lanbide le seguirá complementando el resto, hay otro amplio colectivo que no recibe ningún tipo de prestación. Según la última Encuesta de Necesidades Sociales del Gobierno Vasco, en 2018 había en Euskadi un total de 60.618 personas en riesgo de pobreza que no percibían ningún tipo de prestación, en algunos casos porque no cumplen los requisitos para la RGI y en otros por desconocimiento, vergüenza de reconocer su situación o por la ‘barreras’ administrativas. Pues bien, una parte de este colectivo –no muy grande, según el Gobierno Vasco– se podría beneficiar del IMV. Para ello deberán tocar la ventanilla de Lanbide a partir del lunes y tendrán de plazo hasta septiembre, aunque la prestación, si se les reconoce, se abonará con carácter retroactivo desde el 1 de junio.

Apoyo casi unánime
Ayer las distintas fuerzas políticas que apoyaron el real decreto –lo hizo toda la oposición, salvo Vox, que se abstuvo– mostraron su satisfacción por cuanto servirá de paraguas para 850.000 hogares en riesgo de pobreza en todo el Estado y unos 3,5 millones de beneficiarios. Los populares votaron finalmente a favor tras debatirse entre el sí y la abstención con el argumento de que fueron las comunidades autónomas donde gobiernan quienes primero implantaron una ayuda de estas características. Aún así, la formación de Pablo Casado solicitó, al igual que Ciudadanos, Esquerra y JxCat, que el decreto se tramite como proyecto de ley para enmendar «fallos clave», como es, en su opinión, que el Gobierno gestione la prestación y no las autonomías, salvo el País Vasco y Navarra.

Por su parte el PNV se felicitó por la transferencia de la gestión e insistió en que «será el primer paso del cumplimiento efectivo de la competencia sobre el régimen económico de la Seguridad Social».

Treinta días para devolver los cobros indebidos del ERTE
Las personas afectadas por un ERTE y que se hayan beneficiado de la prestación por desempleo durante más tiempo que el que les corresponde por seguir percibiéndolo tras haberse incorporado al trabajo tendrán que rendir cuentas y para ello contarán con treinta días para devolver ese dinero de más una vez que lo solicite el SEPE. A partir de ese tiempo tendrán que abonar un recargo del 20%, aunque también se podrá solicitar el aplazamiento pagando un interés del 3,75%. En cualquier caso, se recomienda notificar al Sepe el regreso a la actividad para no llevarse luego sorpresas y tener que devolver el dinero de más.