El Gobierno Vasco se verá obligado a complementar los ingresos de la práctica totalidad de los ciudadanos que ahora reciben la Renta de Garantía de Ingresos, ya que esta prestación que existe en Euskadi y que está regulada por una ley del año 2008, es más generosa en términos generales que la Renta Mínima que se apresta a aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al menos, esto es lo que sucede en la práctica totalidad de los tramos de beneficiarios, salvo en el de una pareja con tres hijos o más, que recibirían 1.015 euros del Estado y que hasta ahora percibían 985,41 euros de las arcas públicas vascas.

Como ya es conocido, el Ejecutivo central quiere aprobar en el Consejo de Ministros de la próxima semana la Renta Mínima que PSOE y Unidas Podemos llevaron a su pacto de Gobierno. El objetivo es proporcionar un ingreso mensual –o un complemento a las rentas que puedan tener– a las personas y familias que se encuentran en una situación de pobreza extrema. Será una prestación de la Seguridad Social, de ahí que será de aplicación en todo el país, al tiempo que las ayudas sociales de este tipo que ya existían en algunas comunidades autónomas –como sucede con la RGI vasca–, actuarán de forma complementaria y para alcanzar las cantidades mínimas que cada una ha fijado para su territorio.

LA RGI EN CIFRAS
54.274
perceptores de la RGI vasca estaban dados de alta el pasado mes de abril. Si se suman sus familiares, el número de beneficiarios supera las 95.000 personas.
65.578
es el recórd histórico de perceptores de la RGI vasca y se alcanzó en 2015, pese a que en ese momento ya se habían completado dos años de recuperación de la economía.
37
millones de euros mensuales destina el Gobierno Vasco a abonar la Renta de Garantía y el complemento de vivienda. La cifra puede verse muy reducida a partir de ahora.
Según el borrador que ha difundido el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá, la Renta Mínima irá desde los 462 euros para un perceptor individual hasta 1.015 euros mensuales que se concederían a parejas con tres o más hijos.

Sería precisamente este segmento, el de una pareja con más de tres hijos, el único que no recibiría un complemento en Euskadi ya que esa cifra es incluso superior a la que le correspondería por la RGI. El complemento, en todo caso, puede llegar de la mano de otra ayuda que también existe en el País Vasco para el alquiler de vivienda.

Según los últimos datos proporcionados por Lanbide, que es quien gestiona la ayuda en Euskadi, había el pasado mes de abril 53.274 perceptores de la RGI, aunque el número de beneficiarios en total –sumados los familiares– asciende a 95.371 personas. El récord histórico se alcanzó en el año 2015, cuando se llegó a la cifra de 65.578 beneficiarios.

En la vertiente económica, las arcas públicas vascas abonan en estos momentos unos 31 millones de euros mensuales en esta prestación, a los que hay que añadir otros 7 millones de las ayudas relativas a vivienda. El pasado año, el gasto total por ambos conceptos ascendió a 422,5 millones, lo que supuso 70 millones menos que en 2016, el ejercicio en el que se produjo un desembolso más abultado.

Vigilar el ahorro
Habrá al menos dos colectivos a los que el Gobierno tendrá que mantener de forma íntegra la RGI y en los que no podrá ahorrar ni un euro gracias a la Renta Mínima del Estado. Se trata de aquellas personas que cobran las pensiones más bajas y que obtienen así un complemento y también aquellos inmigrantes que pese a estar empadronados –lo que les da derecho a cobrar la ayuda del Gobierno Vasco– no han obtenido la autorización de residencia. En el primero de los casos es así porque la Renta Mínima no se aplicará a partir de los 65 años –a esa edad entra en juego la pensión mínima– y en el segundo porque el proyecto de ley del Gobierno central les excluye de forma expresa.

Una de las grandes dudas que queda por resolver es el impacto económico para las arcas públicas vascas, ya que se ahorrarán una parte de lo que ahora cubre la RGI y que será sustituido por la Renta Mínima del Estado, pero tendrán que aportar el 6,24% del fondo total que el Gobierno central destine a su prestación. Es la regla básica del Cupo. Es aún pronto para poder realizar estimaciones sobre ese resultado –depende de varios factores que aún tienen que concretarse–, y en especial del gasto total en la Renta Mínima, que algunas estimaciones han situado en torno a los 3.000 millones de euros anuales.