Las Palmas de Gran Canaria, 19 may. (EFE).- La inexistencia de un protocolo de acogida en cuarentena, con el que evitar la propagación de la covid-19, preocupa a las ONG que prestan atención humanitaria a los inmigrantes que llegan en pateras o cayucos en Canarias, una carencia que se suma a la falta de instalaciones donde albergarlos.

Así lo han manifestado a Efe el presidente de Cruz Roja en la comunidad autónoma y un portavoz de CEAR, dos de las entidades que intervienen en la gestión de los flujos migratorios que se dirigen a Canarias, una vía que sigue abierta, ya que continúan llegando personas a las islas, lo que ha dejado de ocurrir en los últimos meses en otras zonas del territorio español.

Después de que un grupo de 49 hombres subsaharianos, 35 de ellos posibles menores de edad, aguardaran este domingo ocho horas en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) hasta que fueron conducidos, para proceder a su filiación, a la Comisaría de Maspalomas, donde aún siguen los adultos, el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, ha dicho este martes a Efe que no entiende que se produzcan estas situaciones.

“Si una persona llega herida, habrá que llevarlo a un centro sanitario, y si hay que filiarlos, habrá que hacerlo en una comisaría, independientemente de que, después, deban permanecer aislados durante 14 días”, como ha de hacer desde el pasado viernes todo aquel que llegue a España desde el extranjero, estima Rico.

Sin embargo, desde CEAR no ven tan claro que en esta crisis sanitaria se deba proceder de la misma forma que se hacía hasta la llegada de la pandemia de la covid-19 y expresan sus dudas sobre si es adecuado albergar a estos inmigrantes hasta 72 horas en zonas de calabozos donde permanecen, por otros motivos, otras personas, o trasladarlos a centros sanitarios, si lo precisan, para luego albergarlos en otras infraestructuras donde guarden la obligada cuarentena.

CEAR estima que la Policía puede trasladarse, como ya hace en Fuerteventura, a los espacios en los que estas personas permanecerán aisladas durante 14 días, y que, de igual forma, las que precisen de asistencia sanitaria pueden hacer su cuarentena en esas dependencias, que están preparadas para asumir este confinamiento.

Dada esta incertidumbre, estas ONGs reclaman la existencia de un protocolo, como los que ha habido para otras cosas, que ayude a clarificar la forma de proceder de cara a la acogida en cuarentena de los inmigrantes que siguen llegando a esta frontera sur de Europa, como el nuevo grupo de 28 subsaharianos que a rescatado este martes Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria.

La nueva realidad impuesta por la pandemia ha de gestionarse en un contexto de falta de infraestructuras que mantiene “desbordadas” a las ONGs que acogen y prestan atención humanitaria a estas personas, ya que, tal y como manifiesta Rico, “no ha terminado de consolidarse” en el archipiélago la estructura sobre la que deben sustentarse estos cometidos, pese a que, ante el nuevo repunte, el Gobierno canario y el Ministerio del Interior acordaron reforzarla hace ocho meses.

A ello Rico suma el hecho de que la red de voluntarios de Cruz Roja se está teniendo que encargar hasta de servir la comida que suministra un catering a los recursos donde la ONG gestiona la acogida de inmigrantes llegados a las islas por vía marítima.

Por su parte, CEAR pregunta cómo van a gestionarse los espacios donde estas personas deben guardar la cuarentena y cuáles serán esos espacios, al entender que cada grupo que llegue necesitará de uno.

Como Canarias no anda sobrada de infraestructuras, esta ONG plantea la necesidad de habilitar un espacio modulable en el que puedan rotar las sucesivas expediciones de inmigrantes que lleguen a cada isla, con el fin de garantizar un aislamiento sanitario seguro.

Además, CEAR recuerda que en los primeros quince días de mayo han llegado a Canarias 192 personas y advierte de que el circuito migratorio “no fluye, ya que desde mediados de febrero no se producen traslados al territorio peninsular”.

Por ello, la ONG estima que correspondería al Gobierno español establecer “en qué momento de la desescalada se va a establecer un diálogo entre administraciones para evaluar posibles derivaciones” a la península para que se vuelva a ejercer entre las distintas comunidades autónomas una corresponsabilidad en la gestión del fenómeno migratorio, ya que en la actualidad desde Canarias no se vislumbra “un horizonte”.