Madrid, 12 may (EFE).- El movimiento #RegularizacionYa, apoyado por más de mil organizaciones sociales, ha pedido este martes al Gobierno que tenga en cuenta a las personas migrantes no regularizadas como perceptoras del ingreso mínimo vital, ya que son uno de los colectivos más vulnerables en el contexto de COVID-19.

Para ello, ha hecho llegar esta mañana a partidos políticos y entidades sociales el informe “Propuesta para que el Ingreso Mínimo Vital no deje atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular”, ha informado en un comunicado.

El documento subraya la “urgencia” que están viviendo estos colectivos en la actualidad, como no poder hacer frente al pago del alquiler, o la imposibilidad o dificultad de pagar comida o las facturas.

Explica, además, que la petición de que se les incluya en el ingreso mínimo vital “se enmarca en un objetivo mayor que es el de la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria”.

Edith Espinola, portavoz de esta iniciativa y secretaria de Servicio Doméstico Activo, señala que “el ingreso mínimo vital otorgaría esa protección que hasta ahora el Gobierno no ha ofrecido para más del 40 % de las trabajadoras de hogar que quedaron fuera del subsidio”.

Desde el movimiento se exige que se pongan en marcha mecanismos de protección para que la solicitud y recepción de la prestación sea un proceso seguro para las personas en situación irregular “sin exponerlas a posibles órdenes de expulsión o cualquier otro tipo de racismo institucional”.

Alrededor de 600.000 personas en situación irregular están “en un limbo vital y administrativo debido a una Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos durante tres años en este estatus”, lo que las empuja a la economía sumergida “para poder sobrevivir en un sistema que las invisibiliza y no las tiene en cuenta en ninguna de las políticas sociales”, señala el informe.