Santander, 6 may. (EFE).- La Audiencia de Cantabria tenía previsto para este miércoles el juicio a ocho acusados de ayudar a inmigrantes albaneses a viajar ilegalmente al Reino Unido, que al final no ha llegado a celebrarse porque ha habido conformidad en una sesión marcada por la “nueva normalidad”: epis, gel, mascarillas, guantes y mucha distancia social.

Si antes de la conformidad la Fiscalía pedía penas que sumaban 50 años de cárcel, una vez que los acusados han mostrado su acuerdo las penas han quedado rebajadas: los tres cabecillas reciben las más elevadas: de seis años y medio de cárcel, cinco años y tres meses, y cuatro años y nueve meses, además de multa, por delitos de ayuda a la inmigración ilegal y contra la salud pública.

Uno de los ocho acusados no ha comparecido de manera que la conformidad se ha alcanzado para los otros siete, y para este hombre la Fiscalía ha pedido su localización y detención para que se celebre otra vista para él.

Este juicio se había señalado para este miércoles porque tres de los ochos acusados están en prisión provisional, lo que convertía esta causa en esencial para no demorarla hasta después del estado de la alarma.

De hecho, el pasado día 23 ya se iba a celebrar este juicio, que hubo de suspenderse porque una de las letradas estaba en cuarentena por la COVID.

Según el relato del Ministerio Fiscal, que han admitido los acusados, estos formaban parte de un grupo organizado que se dedicaba a contactar con ciudadanos albaneses que habían llegado a España desde su país de origen con intención de viajar al Reino Unido.

Una vez en España, les organizaban el transporte al país de destino, eludiendo los controles fronterizos y a cambio de cantidades que podrían alcanzar los 5.000 euros por persona.

Además tres de los acusados, el cabecilla y dos colaboradores, se dedicaban, según la Fiscalía, al tráfico de cocaína, hachís y MDMA.

Al margen de la conformidad, hoy prácticamente todo era nuevo para las personas que se han congregado en la sala. Empezando por la propia sala, porque para poder guardar la distancia social oportuna, el juicio se ha programado en el salón de actos del complejo judicial en lugar de los espacios habituales.

Entre los magistrados y los letrados primaban las mascarillas y los guantes, con algunas excepciones, como la presidenta del tribunal, Paz Aldecoa.

Los acusados en prisión provisional no se han movido del penal y han intervenido por videoconferencia. El resto de los procesados estaban sentados en bancos, ante el tribunal, bien separados unos de otros, y alguno con mascarilla.

No estaba la letrada de la Administración de Justicia, y aparte de cuatro representantes de los medios de comunicación, había solo una persona de público, que acompañaba a uno de los abogados defensores.

Los letrados no llevaban toga. Las que usan habitualmente no son suyas, sino del Colegio de Abogados, y se ha eliminado la formalidad de tener que llevarlas por razones sanitarias.

En el espacio judicial también se detectan cambios. Por ejemplo en la puerta de la sala ya no solo está la hoja que anuncia lo que se enjuicia, sino que también hay un dispensador de gel y un cartel que indica el modo correcto de lavarse las manos en ocho pasos.

En algunas zonas hay marcas para señalar la distancia que debe haber entre personas. Y sobre todo hoy lo que llamaba la atención era lo vacío que estaba un edificio acostumbrado, en circunstancias normales, a un gran trasiego de gente.