Madrid, 5 may (EFE).- El Servicio Jesuita a Migrantes ha propuesto un decálogo de medidas administrativas destinadas a combatir la irregularidad de las personas migrantes, que están sufriendo de forma especial las consecuencias sociolaborales de la crisis COVID-19, como la de que no sean detenidas cuando salen a la calle.

Según esta organización de ayuda a los migrantes, el objetivo de inclusión será difícilmente alcanzable si no va aparejado de una regularización de su situación administrativa y para facilitarla presentan una serie de medidas urgentes basadas en “mecanismos legales ya existentes”.

La ONG plantea fomentar la regularización de perfiles vulnerables o que tienen un relación laboral informal y evitar que la irregularidad sea un obstáculo en los próximos meses para el respeto y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes.

Como medida más urgente, reclaman que el Ministerio del Interior dicte una instrucción pública a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para no incoar procedimiento sancionador alguno por infracción de la Ley de Extranjería basado en estancia irregular, al menos hasta la finalización del plan de transición de la nueva normalidad anunciado por el Gobierno.

También, conceder de manera acelerada todas las solicitudes de autorizaciones iniciales de residencia que no sean manifiestamente infundadas, así como las renovaciones de autorizaciones de residencia, que estén pendientes de tramitar.

Por su parte, la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) ha reclamado el apoyo de la mediación intercultural como figura clave para garantizar que las familias migrantes no se queden atrás en el acceso a recursos y servicios.

“La paralización de numerosos programas sociales ha dejado sin cobertura a buena parte de la población migrante, que está encontrando serias dificultades para acceder a la atención sanitaria, a ayudas sociales para la cobertura de necesidades básicas, como alimentación o vivienda, así como a información sobre cómo prevenir el contagio o de las diferentes medidas puestas en marcha por el Gobierno en materia de empleo y derechos sociales”, explica la UNAF.

Según la ONG, una de las principales dificultades está siendo la barrera idiomática, en un momento crítico donde el acceso a los servicios sociales, sanitarios y de apoyo institucional para las personas migrantes son fundamentales para que las familias “puedan salir adelante, cuidar su salud e incluso salvar sus vidas”.