La crisis sanitaria generada por la COVID-19 se ha extendido por todo el mundo, provocando estrategias cambiantes y dispares sin importar el color político de los dirigentes. Más allá de la situación de emergencia mundial, algunos líderes se han aprovechado la pandemia para consolidar su poder, tomando como rehenes las libertades de sus ciudadanos y poniendo en riesgo la democracia. Viktor Orban, primer ministro húngaro, y el partido ultraconservador polaco Ley y Justicia (PiS), con Jaroslaw Kaczynski a la cabeza, se han dedicado durante el último mes a promulgar leyes que preocupan a la Unión Europea.

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En Polonia, pese a las constantes peticiones de la oposición por aplazar los comicios presidenciales del 10 de mayo, el Sejm, la Cámara Baja, aprobó una ley propuesta por el Gobierno del PiS para celebrarlas por correo postal. El texto, que por ahora se encuentra en el Senado –de mayoría opositora–, puede estancarse hasta un periodo de un mes antes de volver de nuevo al Sejm, donde finalmente saldría adelante con la mayoría de dos tercios del PiS. El tiempo apremia, ya que la ley quedaría aprobada finalmente apenas días antes de los comicios. «Es difícil de organizar en tan poco tiempo, además de unirse a esto las amenazas de huelga de los trabajadores postales», apunta Natasza Styczynska, del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Jagiellónica de Cracovia.

Con el actual presidente y candidato a la reelección, Andrzej Duda (PiS), liderando las encuestas con hasta un 48% de intención de voto, en una precampaña tan insólita como prácticamente imposible para los candidatos opositores debido a las restricciones que sufren, las cifras parecen cuadrar para Kaczynski. En Polonia, la figura del presidente es casi ceremonial –una diplomática polaca define su rol con un símil: «El presidente pasa a ser como la familia real en España»–. El cargo, pensado para servir de contrapeso al primer ministro, cuenta con funciones importantes como el poder de vetar cualquier ley aprobada en el Sejm. No obstante, pierde parte de su carácter de control al Ejecutivo cuando coincide en color político con el Gobierno.

Una de las principales críticas es la incapacidad del resto de candidatos, hasta nueve, de hacer campaña electoral frente al monopolio televisivo del presidente. «Los medios públicos se han convertido en portavoces del Gobierno, hacen campaña a favor de Duda y dan la imagen de una oposición que intenta socavar la democracia cuando piden no celebrar las elecciones. La televisión pública es el único medio al que tienen acceso muchas familias en las zonas rurales y allá donde generalmente se concentran las rentas más bajas», asegura Styczynska. Małgorzata Kidawa-Błonska, de Coalición Civica y segunda en las encuestas, llamó al boicot de las elecciones ante la incapacidad de celebrar mitin alguno en tiempos de pandemia.

La directora de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, se pronunció sobre la intención del Ejecutivo de seguir adelante con los comicios y aseguró en un comunicado que unas «elecciones libres requieren una campaña auténtica en la que los votantes puedan escuchar los programas y las opiniones de todos los candidatos para tomar una decisión bien informada». Al ser contactados por este medio sobre su misión como observadores, la organización aseguró a través de su portavoz en Varsovia, Katya Andrusz, que dada la emergencia sanitaria por la COVID-19, «en estos momentos no es posible supervisar este ni ningún otro comicio electoral. No podemos garantizar la seguridad del equipo de observación, que es de vital importancia».

Aborto y jueces
A las críticas sobre las elecciones se suma la aprobación del PiS para continuar con el trámite parlamentario en la Cámara Baja de un proyecto de ley del aborto aún más restrictivo. Esta misma ley la había dejado aparcada en 2018 por la presión popular en las calles. El nuevo texto, que modifica una ley de 1993, elimina el supuesto de malformación del feto, haciendo más estricta si cabe la legislación. También se aprobó la continuidad del proceso parlamentario de la prohibición de la enseñanza sexual en los colegios públicos. Los colectivos en contra de la ley se organizaron vía redes sociales para portar pancartas en las colas de supermercados y farmacias o colocar carteles en coches, ventanas y balcones. Todo para mostrar su rechazo a una ley que, en la práctica, sólo permite el aborto en caso de violación o amenaza para la vida de la gestante.

Polonia también ha hecho oídos sordos ante la orden del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligaba a la suspensión del órgano creado para la supervisión de jueces y tribunales, por atentar contra la independencia judicial. Precisamente ayer la Comisión Europea inició un nuevo procedimiento de infracción contra Varsovia por no respetar la independencia judicial con su reciente reforma. Bruselas envió a Polonia una carta de emplazamiento, primer paso del procedimiento de infracción, lo que da al Gobierno del país un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea.