Asegura que servirá para salir al paso de las dudas planteadas sobre las readmisiones de rumanos en la frontera de los Pirineos El Ministerio del Interior ha encargado un informe jurídico sobre las devoluciones de inmigrantes en los Pirineos, una de las rutas preferidas de las mafias, por la que diariamente se introducen en España unos 500 sin papeles. El titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, indicó ayer que el dictamen jurídico servirá «para salir al paso de algunas dudas que se han planteado últimamente sobre la readmisión por una no frontera», situada entre España y Francia, ya que forma parte del espacio Schengen.

Paradójicamente, las 52.017 devoluciones que se practicaron en 2005 pueden ser ahora declaradas ilegales, puesto que muchas de ellas se realizaron sin asistencia letrada. La polémica ha saltado por una orden del subdelegado del Gobierno en Guipúzcoa que instruía a los agentes para que llevasen a cabo todas las devoluciones de inmigrantes en presencia de un abogado.

Hasta ahora, Interior no consideraba necesaria la asistencia jurídica en la frontera de los Pirineos, ya que aplicaba el acuerdo de readmisión firmado entre España y Francia, que está por encima de la Ley de Extranjería. Pero un informe de la Abogacía General del Estado, otro del Defensor del Pueblo y varios fallos de diversos juzgados han dictaminado que no se puede obligar a los extranjeros a abandonar el territorio español sin recibir asistencia letrada.

El Acuerdo Schengen instauraba un régimen de libre circulación de personas, pero también permitía poder realizar controles por razones de seguridad interior. Sin embargo, los controles deben ser esporádicos y no realizarse de manera sistemática.

En la actualidad, los agentes de La Junquera, antiguo puesto fronterizo, detienen a los autobuses de rumanos y búlgaros, tras comprobar que después de los tres meses de estancia permitida, muchos se quedan ilegalmente en el país. Los policías reclaman a cada pasajero el pasaporte en vigor con el sello de entrada, una carta de invitación y 300 euros como mínimo, además de otros 30 euros por día, que acreditan su estancia como turistas en nuestro país. Tras recabar la documentación, los policías introducen sus datos en el ordenador para comprobar si alguno de ellos tiene antecedentes penales o alguna prohibición de entrada en la UE.

Tras terminar este proceso bastante laborioso – que se puede prolongar durante una hora – todos los extranjeros que no cumplen los requisitos son devueltos a Francia. Sin embargo, la mayoría de los autobuses que son rechazados en la frontera se dan media vuelta y regresan a las pocas horas a España por una carretera comarcal.

Con la nueva instrucción, los inmigrantes deberán contar con un abogado y un intérprete. Los agentes deberán realizar un expediente de denegación de entrada, tomar declaración a cada uno de los extranjeros en presencia de su abogado y explicarle el porqué se le deniega la entrada. El letrado procedería entonces a recurrir la devolución por la vía contencioso – administrativa.

Según informaron fuentes policiales, este largo proceso es prácticamente inviable cuando en La Junquera pueden llegar de golpe 15 autobuses repletos de inmigrantes, que aprovechan el mínimo despiste para fugarse. Las mismas fuentes consideran que esta medida supone que levanten todos los controles, como ya está sucediendo en Irún, lo que aún daría más alas a las mafias.