«Actuaremos para que abusos de este tipo no se repitan»
Villena ha pasado dos meses en prisión por una estafa a inmigrantes que no cometió. «La propia Subdelegación nos había dicho que el procedimiento empleado era correcto»
Diario Sur, 08-06-2006En pleno proceso de regularización por arraigo laboral, a Antonio Villena, presidente de la Asociación Contratista con Organismos Públicos (Acop), le acusaron de estafar a inmigrantes cobrándoles por la creación de cooperativas supuestamente inexistentes. Le detuvieron y pasó dos meses en prisión, incluida una semana en uno de los módulos más peligrosos. Hace sólo unos días, el juzgado ordenaba el sobreseimiento y archivo de las diligencias. Ni él ni ninguno de los 17 detenidos, incluida su mujer, habían cometido delito alguno.
Según usted ¿Cuáles son los verdaderos motivos que le llevaron a prisión?
La noche que expiraba el plazo para el proceso de regularización el jefe del registro de la Subdelegación, tras consultar, no quiso coger la documentación de la última cooperativa y la policía nos echó de allí. Tras tensas negociaciones, nos vimos obligados a presentar una denuncia por un presunto delito de prevaricación. El incidente salió en prensa. Me consta que hubo malestar en la Subdelegación.
Recuerdo que usted manifestó su inquietud por la reacción que podía producirse debido a este incidente.
Sí, pero nunca pensé que fuera tan disparatada. Aunque, si lo piensas fríamente… ¿qué opción le quedaba a la Subdelegación para argumentar la no recogida de la documentación? Un delito de prevaricación le puede costar a un funcionario seis años de carrera y un delito en custodia de archivo – devolvieron la documentación a la asociación en una caja – , toda la carrera. La denuncia por prevaricación fue admitida y además la interponían nueve personas. Técnicamente, la única opción que les quedaba para defenderse era demostrar que se trataba de una estafa.
¿Mantiene que fue ése el motivo por el que se inicia la investigación?
Efectivamente.
¿Cómo fue la intervención policial?
La policía intervino con un dispositivo exagerado. Tomaron cuatro inmuebles a la vez. A mí mujer la sacaron de casa, estando los niños allí. Ninguno de los detenidos tenían antecedentes policiales.
Y les mandaron a los calabozos.
Fue alucinante ver en los calabozos a personas de empresas que simplemente estaban afiliadas y que no tenían nada que ver con el proceso de regularización…
¿Nada que ver?
Nada. Eran empresas que se habían constituido hacía mucho tiempo. Curiosamente, el inspector de Trabajo que inició todo el procedimiento contra nosotros había sido compañero durante años del subdelegado. Qué casualidad que tras la inspección lo nombraran jefe de Extranjería, un puesto de confianza de la Subdelegación. Ahora tiene que resolver los expedientes sobre los que él mismo hizo los primeros informes desfavorables. Desde hace un año hay más de 300 permisos de trabajo paralizados. Esas personas están metidas en un código azul. Cuando la policía les para aparece que tienen asuntos por resolver con la justicia y alguno lo hemos tenido que ir a sacar del Centro de Internamiento.
Finalmente usted fue la única persona enviada a prisión.
Sí, pero yo tenía la tranquilidad de que todo se había hecho bien. Habíamos preguntado a la propia Subdelegación si el procedimiento de crear cooperativas era correcto para acceder al proceso y ellos mismos habían dicho que sí.
Supongo que hubo gente que pensó que realmente era una estafa.
No sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Todas las noticias decían que éramos unos estafadores. La nota de prensa de la Comisaría no hablaba de presuntos y daba los nombres enteros de la asociación y de las empresas. Mi mujer decidió abrir la oficina desde el primer día, para atender y dar explicaciones. La reacción de la gente fue maravillosa.
¿Alguien denunció?
Yo creo que esperaban un aluvión de denuncias tras la intervención policial. No sólo no hubo, sino que recogimos cerca de 200 escritos firmados por inmigrantes que decían no sentirse ni estafados ni robados.
¿Qué espera ahora?
Limpiar el nombre de una asociación que lleva diez años trabajando honradamente y, lo que es más importante, que se liberen los permisos de las 300 personas. Llevaremos a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para que abusos de esta magnitud no se repitan.
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