. – Un juzgado de Barcelona investiga una trama de venta de carnets de conducir a inmigrantes, en el centro de la cual hay un funcionario de la jefatura provincial de Tráfico de Barcelona. En la causa hay ya más de un centenar de imputados.
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El susodicho funcionario, que tiene la categoría de jefe de negociado, se había desempeñado antes en el mismo departamento en Lleida, y fue juzgado por malversación de caudales públicos, consistente en cobrar tasas y no ingresar las cantidades en las arcas públicas. La Audiencia provincial le condenó a tres años de prisión, aunque el fallo ha sido recurrido, según explicó el mismo en la actual causa.
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Fue la propia jefatura de Tráfico de Barcelona la que se dio cuenta de que se estaban produciendo irregularidades en la tramitación de carnets de conducir a inmigrantes, en especial marroquíes. Este país y España tienen un acuerdo para validar estos permisos siguiendo unos trámites, que requieren unas gestiones como concertar una cita, presentar certificados médicos de aptitud y autentificar la documentación del país de origen.
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Pues bien, se constató que había expedientes que no estaban en los archivos y que se habían homologado documentos sin cita ni otra gestión, y siempre figuraba en el asunto el mismo funcionario que daba de alta el trámite en el ordenador.
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Tráfico denunció el asunto a la Guardia Civil el pasado mes de noviembre, que indagó el asunto y acabó deteniendo al funcionario, hecho del que informó La Vanguardia el pasado mes de febrero.
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El caso está ahora en manos de un juzgado de Barcelona, que prosigue con las pesquisas y que ya ha imputado a más de un centenar de personas, fundamentalmente los inmigrantes que compraron los carnets. Aunque se inició con ciudadanos procedentes de Marruecos, entre los implicados también hay inmigrantes procedentes de otros países, como Pakistán o la India, que usaron el mismo camino para obtener la licencia.
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Según se desprende de las pesquisas de la Guardia Civil, el funcionario contactaba con los inmigrantes que precisaban disponer de un carnet de conducir español, bien porque lo necesitaban para su trabajo o porque se encontraban en situación irregular y ello les ayudaba a legalizar su situación. Luego, él daba de alta los datos en las bases informáticas de la dirección general y expedía una autorización. Al parecer, entre los compradores de los documentos y el que los vendía también había un intermediario, también extranjero, que servía para conseguir clientes para la red de falsificaciones entre la colonia de foráneos con dificultades legales. Las presuntas irregularidades se han desarrollado a lo largo de ocho meses. La Guardia Civil cree que puede haber más de mil carnets falsos. El precio convenido era de entre 300 y 550 euros, si bien algunas fuentes hablan incluso de cantidades de 3.000 euros.
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