pamplona. La fiscal solicitó ayer dos años de inhabilitación especial para poder regentar supermercados para María Jesús C. A., José María E. C. y María Soledad E. C. por haber prohibido la entrada en el establecimiento que tienen en Lizaso a personas de etnia gitana. La acusación particular ejercida por uno de los supuestos afectados elevó la petición hasta los cuatro años de inhabilitación especial, mientras que la defensa solicitó la libre absolución.

Tanto María Jesús C.A., como sus dos hijos, José María E.C. y María Soledad E.C., negaron ante la titular del Juzgado de lo Penal número tres de Pamplona haber impedido a ningún gitano comprar en su tienda con normalidad, aunque relataron como el denunciante y su familia acudían a a ella de forma espóradica y durante el verano exigiendo que les regalaran “productos caducados”, así como ofreciéndoles diversos artículos, tales como cestas o ajos.

Según los testimonios de los acusados, los denunciantes “también regateaban los precios de los productos”, lo que acababa degenerando en discusiones “subidas de tono”, “amenazas” por su parte e, incluso en una ocasión, una agresión física. “Hemos tenido problemas con ellos de siempre, de toda la vida. Nos tienen un odio tremendo”, declaró una de las acusadas.

Los procesados coincidieron en señalar que “nunca hemos prohibido a nadie entrar en la tienda a comprar” y precisaron que después de que interpusieran una denuncia contra ellos fueron “los gitanos los que decidieron voluntariamente que les sirviéramos los productos fuera. Nosotros les decíamos que entraran, pero ellos no querían”.

Por su parte, el denunciante, así como varios familiares, mantuvieron que “nunca nos dejaron entrar en la tienda. Si lo hacíamos venía cualquiera de ellos a despacharnos”. En este sentido indicaron que estaban “cansados de no poder entrar en el supermercado como los payos” y que les causaba “mucha vergüenza” tener que comprar desde el exterior.

Dos amigas del denunciante y su familia, las cuales no son gitanas, también declararon que los acusados les impedían acceder a la tienda y que en un par de ocasiones, al intentar entrar en ella, les obligaron a salir a la calle. “Me dijeron que a ver a dónde iba y me sacaron del brazo”, señaló una de ellas.

Por su parte, cuatro testigos de la defensa, clientes habituales del supermercado, indicaron que los gitanos compraban con normalidad en la tienda, pero que en alguna ocasión les habían visto discutir con los regentes de la misma por el precio de los productos.