Una mujer y sus dos hijos fueron juzgados ayer por no haber permitido la entrada en su supermercado de Lizaso de personas de etnia gitana. La fiscal solicitó la pena de dos años de inhabilitación para poder regentar el establecimiento y la defensa, la libre absolución, ya que en su opinión no se ha acreditado esa discriminación sino un conflicto entre los acusados y la familia denunciante. Una mujer y sus dos hijos fueron juzgados ayer por no haber permitido la entrada en su supermercado de Lizaso de personas de etnia gitana. La fiscal solicitó la pena de dos años de inhabilitación para poder regentar el establecimiento y la defensa, la libre absolución, ya que en su opinión no se ha acreditado esa discriminación sino un conflicto entre los acusados y la familia denunciante.

Los procesados negaron ayer haber impedido el acceso de cualquiera a su supermercado. La acusada y madre de los otros dos procesados, M.J.C.A., señaló que la familia denunciante «siempre ha tenido alguna excusa para armar follón, discutir y chillar». Y añadió que los problemas se producían principalmente al negarse ellos a comprarles «ajos, calcetines y pañuelos o no darles los productos caducados».

«Nos dicen las mayores barbaridades que puede haber», indicó la mujer, extremo que confirmaron sus hijos, J.M.E.C. y M.S.E.C., que manifestaron haber recibido insultos y amenazas como «sé dónde vives en Pamplona, algún día te voy a rajar». «A pesar de estos problemas, ellos han seguido viniendo y nunca les hemos prohibido entrar», manifestó el hijo, que dijo no haber denunciado las amenazas «por no darle importancia».

Madre e hijos declararon que a raíz de la denuncia de la familia gitana «no han querido entrar». «Han querido que les sirviéramos fuera», manifestaron.

Tres testigos de la defensa con firmaron haber presenciado discusiones entre los denunciantes y los acusados «por regateo de precios», además de haber visto «comprar a gitanos con normalidad dentro de la tienda».

Pero la familia denunciante declaró que la negación de acceso era algo constante. «Lo denuncié porque estaba cansado de intentar entrar y que no me dejaran», manifestó uno de ellos, que negó que hayan intentado vender productos, regatear precios o hacerse con lo caducado. No obstante, una cuñada del denunciante señaló que su marido sí ha entrado sin problemas.

Además, los testigos de la acusación dijeron que al comunicar a la familia de Lizaso que iban a denunciarles contestaron: «No nos importa, preferimos que nos cierren la tienda a dejaros entrar». Y dos mujeres que no son gitanas pero están casadas o son amigas de los denunciantes afirmaron que a ellas también se les denegaba la entrada. «La madre me dijo que lo que quisiera me lo sacaría fuera», apuntó una.

La fiscal indicó ser la primera vez en Navarra que «los denunciantes son gitanos, denuncian ante la Guardia Civil y siguen con su denuncia en el proceso». «Demuestra que han sido objeto de algún tipo de discriminación».

Pero para la defensa, «una cosa es que haya una pelea y otra que exista discriminación». «Se ha acreditado que existe un conflicto entre dos familias y no discriminación de una familia contra los gitanos».