«Recuerdo que, en mi primer día de trabajo en un centro educativo, una compañera me dijo: ‘A mí mientras que no me toquen gitanos…’. Yo le contesté: ‘Pues fíjate, te ha tocado una compañera gitana’». Esta es una de las situaciones de rechazo a las que se enfrenta «diariamente» Carmen Fernández, vicepresidenta de la asociación Gitanas Feministas por la Diversidad de España y presidenta a nivel regional, recalca en la celebración del Día internacional del Pueblo Gitano que no quieren que las representen los payos en sus asociaciones. Además, reclaman hacerse un hueco en el feminismo porque, sostiene, «se está luchando por las políticas de derechos de la mujer desde un único tipo de mujer, la mujer paya, no gitana».

Al hablar de los inicios de la asociación, en 2013, Fernández lo tiene claro: «Surgimos por hastío y hartazgo del racismo consentido y del paternalismo». Ser gitana y feminista significa, según explica, ser «guerreras absolutas», ya que niega rotundamente que las políticas feministas las hayan tenido en cuenta y se sienten «expulsadas».

En materia laboral, la cartagenera lamenta que hay «un muro de hierro» que separa las diferencias de las gitanas y el resto de mujeres, cimentado en los puestos de trabajo y la accesibilidad. Los datos de 2018 del Secretariado Gitano a nivel estatal avalan este hecho, ya que estiman que el 60,4% de las gitanas están en paro frente al 16,2% que significa esta tasa para el resto de mujeres. No se encuentran con la brecha salarial porque tienen «una anterior, que es la racial», sentencia, lo que hace muy inestable su tímida posición en el mercado de trabajo: 7 de cada 10 gitanas que trabajan tienen un contrato temporal.

En cambio, sí que sufren una acentuada brecha de género, lo que supone otro factor de su lejanía con el mercado laboral. Las mujeres gitanas tienen la mitad de probabilidades de estar ocupadas que los hombres gitanos. Fernández pide a los políticos de la Región medidas legales que combatan el ‘antigitanismo’, como «una ley integral de protección al pueblo romaní y cuotas de representación política y empleo», porque no las contratan, detalla, por su apellido o por su color de piel.

Como maestra de profesión, también considera que «los claustros deberían contar con más evaluaciones de las metodologías», sobre todo en los centros en los que el nivel de promoción es nulo, ya que los índices de educación agudizan la situación a la hora de encontrar un empleo. Solo el 15,5% de las mujeres gitanas tienen estudios secundarios o superiores, el 43,4% tiene estudios primarios y el 41,2% no tiene estudios. En este aspecto, Fernández traslada a los políticos que debería existir una asesoría en minorías étnicas liderada por expertos.

Asimismo, insiste en que, según ella, «no es cierto que en la población gitana haya más machismo: a mí no me machaca mi cultura, a mí lo que me machaca es el ‘antigitanismo’ que vivo día a día». Un racismo hacia el pueblo romaní presente en el bar, en un centro educativo o en la calle: «Es una mochila con la que nos levantamos y nos acostamos. Seguimos siendo los grandes expulsados, no solo a nivel territorial sino a nivel estructural», matiza.

«La población gitana es vista como un objeto al que adoctrinar, al que modelar o al que hay que subvencionar, pero no como un sujeto activo merecedor y digno de unas políticas de igualdad basadas en la equidad y en la justicia social», concluye la presidenta de Gitanas Feministas de la Región.