La entidad responde al escrito del comité de empresa municipal
(Foto: canarias7)AMPLIAR

Yolanda Ventura.

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El Defensor del Pueblo investigará la orden dada en el departamento de Servicios Sociales municipal por la que se vetaba cualquier ayuda básica a inmigrantes sin papeles. Así lo anunció ayer este organismo estatal al comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, autor de la denuncia, que mandó asimismo a otras instituciones de las que aún no hay respuesta.

La misiva, firmada por Enrique Múgica, recuerda que el uso de esta vía no suspende la ejecución de resoluciones administrativas o judiciales. La orden de Servicios Sociales estaba firmada por la jefa del servicio, Sonia Soto, destituida al poco tiempo, y asegura que se efectúa «sigiendo directrices de la directora de gobierno, Yolanda Ventura». Unos doce días después fue necesario enviar una nota de rectificación pues la orden no se correspondía con la legislación vigente. La destitución de Sonia Soto se produjo, según Ventura, por visiones distintas del trabajo a realizar aunque la alcaldesa, Pepa Luzardo, aseguró que una de las razones era esa orden, firmada y emitida por ella. El comité de empresa solicitó en su escrito que el Defensor del Pueblo «inste al Ayuntamiento a cumplir con la normativa de Atención Social (sin exclusión) y la conmine a evitar síntomas y declaraciones que puedan generar actuaciones xenófobas».