España ha conseguido un récord poco honroso: ya es el país de Europa que tiene más presos en proporción a su población. Paradójicamente, mientras este indicador aumenta sin parar, el índice de delitos progresa muy lentamente en nuestro país y la tasa de criminalidad está veinte puntos por debajo de la media europea. La explicación del fenómeno es simple y está relacionado con la inmigración, lo que no significa que los inmigrantes tengan más inclinación criminógena que los autóctonos: resulta que la prisión provisional se dicta, además de por la peligrosidad del delito, por las condiciones objetivas del presunto autor: falta de arraigo y de medios de vida y carencia de un trabajo estable. La conclusión es obvia: el descontrol de la inmigración legal e ilegal impide la integración cabal de los recién llegados, que se ven sometidos a un penoso desarraigo y abismados al mundo de la marginalidad. Deberíamos meditar sobre esta situación y actuar en consecuencia.