Se llama Hassan y su nombre y su número de móvil figuran en una lista de subsaharianos instalados en España de las que disponen las oenegés en Canarias. Si alguien dice conocer a un residente en el país, asegura, le facilitan la información para que lo pueda localizar. Así sucedió con tres primos de Hassan que llegaron hace dos meses a Canarias. Dieron el nombre de este y Cruz Roja les puso en contacto. Pero a veces ni siquiera hace falta esa lista, pues muchos inmigrantes ya saben cómo encontrar a sus familiares o amigos.
Hassan aceptó acoger a los suyos y les pagó un billete de tren entre Barcelona y Girona. “No he hecho nada malo, son mi familia y creo que se merecen una vida mejor. Solo les he facilitado el camino”. Hassan asegura que a veces le llaman por si quiere acoger a otros inmigrantes. “Pero tengo que decirles que no, porque con cinco en casa es suficiente”.
Él es, para su familia, el ejemplo de que el sueño puede cumplirse. Llegó en el 2001 en patera y vivió durante un tiempo en Almería. Después contactó con un primo que estaba instalado en Cassà de la Selva y desde hace dos años ha estabilizado su vida como granjero en una explotación de vacas.
Hassan es consciente que las cosas se han puesto ahora más complicadas: “Los que llegan ahora lo tienen muy difícil para conseguir un trabajo porque hay mucha gente. Pero prefieren quedarse aquí que volver a África”.
De los 8.900 vecinos censados, 1.140 son extranjeros, lo que representa casi el 13% de la población. Pero en Castelló d’Empúries, por ejemplo, los índices de inmigración se sitúan en el 45% y en Salt en el 33%. Lo que, según el concejal de Gobernación, Robert Mundet, explicaría la última oleada en Cassà es que la mayoría de los extranjeros establecidos aquí son de Mali, Gambia y Mauritania. Unos tenían familia, otros siguieron al resto de compañeros de cayuco: “No conozco a nadie aquí, no tengo ningún amigo, pero me habían dicho que en Cassà, Salt y Girona había muchos africanos y que todos tenían trabajo, por eso vine”, comenta Yate Diawara.
Cada mañana lo intentan. Cogen su bicicleta o la de un amigo y recorren las explotaciones agrícolas del Gironès en busca de un trabajo. Es fácil verlos pedaleando por los márgenes de la C – 65 entre Girona y Llagostera. Están desesperados por hacer realidad su sueño: “No puedo pensar en retornar a Mali porque no tengo dinero y mi familia, allí abajo, es pobre. Antes de volver, tengo que haber encontrado un trabajo y haber ganado dinero”, explica Diawara. A pesar de que a las 9 de la mañana la temperatura ronda los 25 grados, Yate aún viste un jersey de lana marrón y una camisa de pana. Mientras habla, observa el montón de bicicletas apiladas delante del edificio Capri – Corfú, donde se concentra la mayoría de la población inmigrante. Las ruedas de unas 20 bicis están rajadas. Yate se pregunta quién puede haberlo hecho. Otro inmigrante mauritano tiene una respuesta: “Esto es racismo, nos estropean las bicicletas para que nos vayamos”, comenta.
La policía local de Cassà, en cambio, sospecha que pueden haber sido otros extranjeros los que han rajado las ruedas de las bicis. El concejal Robert Mundet asegura que la convivencia entre los vecinos ha empezado a empeorar y cree que también entre los mismos inmigrantes: “Hay extranjeros que llevan muchos años aquí, que tienen trabajo, que viven bien y que ven que con la llegada de tantas personas el resto de vecinos los ponen a todos en el mismo saco”. Mundet también lo achaca a problemas de subsistencia: “Acogen a sus compatriotas porque son familiares o amigos pero llega un momento, cuando son 23 y no encuentran trabajo, que no pueden seguir manteniéndolos y entonces empiezan los conflictos”.
El concejal mantiene que en el último mes han llegado a la población desde las Canarias más de 300 inmigrantes, repartidos en pisos de amigos y familiares. Los vecinos están preocupados por si llegan más en los próximos días. “Hay un goteo constante y se está llegando al límite. Y si no tienen trabajo, ni nada, ¿qué van a hacer? ¿Pasarse el día en la calle?”, se pregunta una vecina de Cassà, que prefiere permanecer en el anonimato. Mientras la Generalitat y el Estado estudian qué medidas pueden tomar, el ayuntamiento ya ha empezado a inspeccionar los pisos sobreocupados y a identificar a sus inquilinos. De momento han entrado en 18 viviendas, y en todas viven más de 10 personas. También han retirado más de 50 bicicletas de la vía pública.