El Gobierno explicó ayer que la Generalitat le ha pedido su colaboración para hacer frente la llegada de inmigrantes subsaharianos a varias localidades de Girona tras ser trasladados a la península desde las Canarias, a donde previamente habían arribado en cayuco. Así lo anunció ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que aseguró que su departamento “evaluará, analizará y buscará soluciones” a esa situación.
“Aunque no sea de nuestra competencia, colaboraremos y solucionaremos el problema, como hicimos el año pasado en Lleida”, explicó Rumí, en referencia a la actuación llevada a cabo en varias localidades leridanas se habían acumulado varios cientos de inmigrantes atraídos por la recogida de la fruta pero que no habían encontrado empleo.
El Gobierno primero instaló campamentos de acogida. Pero ante el efecto llamada, pasó a multiplicar las inspecciones de trabajo en la zona, lo que disuadió a los empresarios de contratar a inmigrantes irregulares, obligándoles a marcharse del lugar.
Por ahora, la primera medida que la Generalitat y el Gobierno central van a adoptar ante la situación generada en Girona por la llegada en pocos días de más de 300 subsaharianos será la firma de un convenio de acogida con los ayuntamientos afectados. Ese acuerdo, para el que la Generalitat va a destinar una partida económica, establece unas ayudas económicas para alojar y atender a los recién llegados.
Ayer, el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco – Busquets, y la delegada de la Generalitat, Pia Bosch, se reunieron con los alcaldes de Cassà y Salt los pueblos afectados por esas llegadas, informa Anna Punsí.

EVITAR MÁS LLEGADAS
Además de las ayudas económicas, los dos alcaldes quieren evitar que se produzca un efecto llamada y que continúen llegando extranjeros a sus poblaciones, ya que según dicen, “se ha alcanzado el límite”. “Esperamos propuestas concretas porque no se trata de una problemática concreto sino estructural”, dijo el alcalde de Salt, Jaume Torramadé (CiU).
En Salt, 23 de los 37 inmigrantes que han llegado en las últimas semanas están alojados en una casa de colonias que financia el Ayuntamiento. El resto de extranjeros se desconoce si se han marchado o viven en pisos de la ciudad.
En Cassà, el concejal de Governació, Robert Mundet asegura que se han empezado a crear algunos problemas de convivencia porque “hay vecinos que están hartos de los ruidos y la suciedad y malos olores que se generan en pisos donde hay sobreocupación de inmigrantes”.