«La frontera exterior griega también es una frontera europea». La obviedad a la que recurrió ayer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras visitar la linde entre el país heleno y Turquía que, desde el pasado viernes, tratan de cruzar miles de refugiados, debe servir como alarma para los ciudadanos del viejo continente ante la situación que allí se está produciendo. La responsable comunitaria, acompañada por el primer ministro griego y los presidentes del Consejo Europeo y el Europarlamento, no dedicó ni una palabra a criticar los atropellos que sufren los desplazados en su camino a Europa a través de la frontera terrestre o por el mar Egeo hacia las islas griegas. Sin embargo, eso no fue óbice para que las organizaciones humanitarias denunciaran un día más la violenta represión que afrontan los inmigrantes .

Las autoridades helenas han impedido el acceso hasta el momento a unas 24.000 personas, a las que han rechazado con dureza utilizando pelotas de goma, gases lacrimógenos e incluso golpeando a quienes se aproximan por mar en embarcaciones. Son ya dos los refugiados muertos en esta fase de la crisis migratoria: un sirio al que dispararon mientras intentaba cruzar desde Turquía a Grecia por la zona del río Evros; y un niño que se ahogó al volcar el bote con el que trataba de llegar con su familia a la isla griega de Lesbos. Ambos fallecieron el pasado lunes.

Von der Leyen mostró ayer su total respaldo al Gobierno heleno, al que dio las gracias «por ser nuestro escudo europeo en estos tiempos». Un escudo por el que no pasan las solicitudes de asilo, que Atenas se niega a tramitar desde el pasado domingo argumentando que afronta una llegada masiva de inmigrantes y no se trata de casos aislados. La presidenta de la Comisión Europea prometió a Grecia 700 millones de euros en ayudas y un mayor despliegue de efectivos de Frontex, la agencia europea dedicada al control de las fronteras exteriores.

También aprovechó para lanzar una advertencia velada al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. «Aquellos que buscan probar la unidad de Europa acabarán decepcionados», dijo.

Erdogan optó el viernes por dar vía libre a los refugiados en su camino hacia el viejo continente. Fue su reacción tras la muerte de una treintena de soldados en un bombardeo de las fuerzas sirias en Idlib, el último bastión rebelde que se le resiste al régimen de Damasco. El líder turco presiona así a la UE para obtener apoyo a su estrategia en Siria y ante la eventual negociación de un nuevo acuerdo como el de marzo de 2016, cuando Turquía se comprometió a detener el flujo migratorio a cambio de 6.000 millones de euros. Según Ankara, más de 120.000 personas se dirigieron ayer a la frontera greco – turca en Edirne.

Tras ejercer de anfitrión en la visita de las máximas autoridades europeas al paso fronterizo, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, arremetió contra Erdogan acusando a Turquía de haberse «transformado oficialmente en un traficante de seres humanos». El dirigente heleno afirmó que «ni Grecia ni Europa aceptan el chantaje» y que su país va a defender sus fronteras ante esta «amenaza asimétrica», aunque pidió «solidaridad tangible» por parte de la UE. «Esto ya no es un problema de refugiados, sino un descarado intento de Turquía de usar a gente desesperada para promover su agenda geopolítica y, además, distraer la atención respecto a la horrible situación en Siria».

Aunque Mitsotakis insistió en que su Gobierno respeta la legalidad internacional, las organizaciones humanitarias criticaron el modo con que está tratando a los refugiados. Amnistía Internacional calificó su actitud de «inhumana» y de «traición a las responsabilidades en los derechos humanos».

La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) consideró, por su parte, que ni la legislación internacional ni la europea establecen «fundamentos jurídicos para la suspensión de la recepción de solicitudes de asilo», como ha hecho Grecia. A su vez, Médicos Sin Fronteras denunció que la situación en el campo de acogida de Moria, situado en la isla de Lesbos, «no es muy diferente a la de una zona de guerra». El recinto ha pasado en los últimos ochos meses de albergar a 6.500 personas a la más 20.000 actuales, aunque sólo tiene capacidad para unas 3.000.