El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ha denunciado que considera ilegales «miles» de repatriaciones de inmigrantes desde puntos de control policial en Gerona a territorio francés. El Ministerio del Interior, según los documentos hechos públicos ayer por el sindicato, ha autorizado las devoluciones de los sin papeles interceptados en las inmediaciones de la frontera sin ningún tipo de asistencia letrada, a pesar de que la Abogacía del Estado, el Defensor del Pueblo y el Consejo General de la Abogacía exigen que los extranjeros que son devueltos reciban apoyo legal.

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El SUP desvela las irregularidades ante la sospecha de que a los funcionarios que participan en los controles aleatorios de vehículos se les obliga a infringir la ley en las expulsiones inmediatas y tras la negativa del Ejecutivo a obligar a que estos procesos estén supervisados por abogados de oficio.

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El sindicato denuncia ante Interior y la Dirección General de la Policía desde noviembre del 2003 que los agentes de la Unidades de Extranjería y Documentación de la Provincia de Gerona «están incurriendo en constantes detenciones ilegales al aplicar el Acuerdo de Readmisión Hispano – Francés sin abogado ni interprete».

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En sus continuas quejas, el SUP recoge las circulares oficiales del Ministerio de Administraciones Públicas, que en diciembre alertaban de que la Abogacía General de Estado ha concluido que los extranjeros en situación irregular que llegan de Francia «tienen derecho a la asistencia letrada».

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El Defensor del Pueblo afirma que para la devolución resulta esencial un trámite de audiencia con «una comparecencia en la que al interesado ha de asistirle un letrado».

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La respuesta de Interior indica que las devoluciones sin asistencia deben proseguir, ya que «la breve situación de privación de libertad fáctica que sufren los extranjeros objeto de la readmisión se considera una cuestión irrelevante».