Un cambio de interpretación de la Ley de Extranjería, con un «endurecimiento» de los requisitos para renovar los papeles, ha dejado a al menos 50 jóvenes extutelados de la Diputación en situación administrativa irregular. Al cumplir la mayoría de edad, han pasado de vivir bajo la protección institucional a convertirse en inmigrantes ilegales, con las «graves consecuencias» que conlleva en sus procesos de integración social y laboral, un camino que se trabaja desde los recursos sociales forales y que la aplicación «inflexible» de la normativa está «frenando de golpe». El riesgo de que se genere una nueva bolsa de exclusión es real. «Ya hay jóvenes que se están quedando en la calle», advierten desde asociaciones como Kolore Guztiak y SOS Racismo. Es la pescadilla que se muerde la cola: sin papeles es muy complicado encontrar una oferta de trabajo, y sin trabajo no tienen recursos. Y sin recursos propios no obtienen los papeles.

La Diputación de Gipuzkoa y las entidades sociales sacan a la luz un problema que no es ajeno a otras comunidades pero que se ha presentado en el territorio de manera específica en el último año. Desde el pasado mes de abril, la oficina de Extranjería de la subdelegación del Gobierno ha endurecido los requisitos que se piden a los ‘exmenas’, los menores extranjeros no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad y les toca renovar por primera vez su permiso de residencia. Según explican las fuentes consultadas, este trámite se ha dificultado hasta tal punto de que resulta «imposible» de cumplir para este colectivo concreto.

«Me habían ofrecido un trabajo y justo me denegaron el permiso»
ARANTXA ALDAZ
Hasta ahora, a los chavales extranjeros que habían estado bajo tutela foral y que pasaban a pisos de emancipación al cumplir los 18 años les renovaban la documentación al acreditar como medio de vida que se encontraban en recursos de inserción social (en programas de formación y de empleo), con el preceptivo informe de la entidad responsable, conveniada con Diputación.

Desde abril del año pasado, en cambio, se les exige la literalidad de la ley, la misma que se aplica al resto de ciudadanos extranjeros, esto es, contar con recursos económicos propios. En el caso de renovar por primera vez su situación administrativa dos años de permiso, se les pide que acrediten el 100% del Iprem, un índice de referencia utilizado para la concesión de ayudas públicas y que se sitúa en 537,84 euros. Pero ya no convalidan las ayudas sociales que puedan estar recibiendo (la Diputación de Gipuzkoa concede una subvención para aquellos que se emancipan de manera autónoma), tampoco vale ocupar una plaza en un piso de inserción. «Dime qué chaval de 18 años, sin familia, que ha llegado solo, puede cumplir ese requisito. No les dan ni tiempo para poder formarse y obtener un trabajo con el que obtener esos ingresos», plasman Nerea Erdocia, de Kolore Guztiak, y Loira Manzani, de SOS Racismo. «Se les cierra la puerta desde esta primera renovación», denuncian.

La segunda renovación tampoco pone las cosas más fáciles. La Ley de Extranjería exige acreditar el 400% del Iprem, más de 2.000 euros. Las entidades sociales y la Diputación explican que hasta el cambio de criterios también era suficiente con estar en pisos de inserción o contar con las ayudas económicas forales para la emancipación. Ya no. «Son condiciones insalvables para estos chavales», expone la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, que esta semana se ha reunido con el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, y con el subdelegado en Gipuzkoa, Guillermo Echenique, a los que ha pedido que se revierta la situación. «No puede ser que la ley obstaculice la integración que se lleva años trabajando con estos jóvenes. No se pueden poner requisitos que los aboquen a la exclusión», remarca la diputada jeltzale, que salió de la cita con el «compromiso de la Delegación de trabajar en el tema».

El cambio obedece a dos sentencias del Tribunal Supremo, tras sendos recursos de casación presentados por la Abogacía del Estado, uno de ellos a raíz de un caso registrado en Vitoria a un joven al que se le denegó la renovación de sus papeles. «Pero no son un impedimento porque no se ha sentado jurisprudencia. Es cuestión de voluntad política», defiende Mikel Mazkiaran, abogado de SOS Racismo.

La Administración estatal, explica, estaba aplicando de forma más flexible la Ley de Extranjería para un colectivo concreto con una situación muy particular, el de los llamados ‘menas’ que cumplen la mayoría de edad. «No se recoge en la Ley un tipo de renovación del permiso de residencia para un joven que no tiene medios y que se está formando para poder tenerlos, chicos que no tienen un trabajo pero que se están preparando para tenerlo en un futuro, y mientras tanto se les tramita su situación administrativa para facilitarse ese proceso de integración», explica. Y aclara. «No es que antes no se estuviera cumpliendo la ley y ahora sí. Las leyes son interpretables y ahora se está siendo inflexible» incluso con los casos en los que se acredita un proceso de integración positivo. «No tiene sentido y puede generar un problema de exclusión grave», advierten todas las fuentes consultadas.