Este joven marroquí de 19 años llegó hace dos a Gipuzkoa desde su Marruecos natal. Sin familia, pasó a vivir bajo el amparo de la Diputación, como exige la ley con cualquier menor en situación grave de desprotección. A los 18 años, le derivaron a un piso de emancipación gestionado por la asociación Kolore Guztiak, el proceso clásico que hacen los llamados ‘menas’ para alcanzar una vida autónoma. Cuando fue a renovar por primera vez su permiso de residencia, ya se había hecho a la idea de continuar trabajando en la cocina de un bar de Donostia donde le habían contratado de prácticas. Pero la respuesta de Extranjería fue negativa. «Me rechazaron la petición». Al principio, pensaron que faltaba algún papel, porque, también por sorpresa, en una primera notificación le habían requerido acreditar un seguro médico. Pero la negativa de Extranjería obedecía a otras causas, que entonces desconocían, cuenta Nerea Erdocia, de Kolore Guztiak. La asociación recurrió la decisión de Extranjería y además adjuntó un contrato de trabajo que le ofreció el bar donde estaba de prácticas, «y también nos lo rechazaron». El chaval se encuentra en situación irregular. Cuenta los días para que llegue el verano y cumplir tres años de empadronamiento en Gipuzkoa, lo que le abre la puerta a reclamar su residencia por arraigo, junto con un contrato de trabajo.

Las siguientes denegaciones no tardaron en llegar. Así hasta al menos medio centenar, contabilizadas desde abril a diciembre. Las entidades saben que los casos se han seguido acumulando. «En cualquier momento te pueden coger y dar la orden de expulsión», cuenta el afectado. Ese temor está generando entre el colectivo «mucha ansiedad», describe Erdocia. «Se esconden cuando van a los cursos de formación, para no ser vistos por la policía», pone de ejemplo. Las consecuencias son múltiples. El tapón administrativo ya tiene impacto en los recursos sociales. «Se están cronificando las estancias», para evitar que terminen en la calle. Pero no hay mucho margen. «Ya no se están concediendo prórrogas en los pisos para menores y no hay plazas libres en los pisos de emancipación», advierte Erdocia. Hay un coste social evidente, pero también se puede hacer una lectura económica: «Se está derrochando el dinero público invertido en estos chavales que, después de haber sido acogidos, se van a quedar en situación irregular», a las puertas de la exclusión.