Suelen llegar los domingos en autobús, tras recorrer 3.500 kilómetros desde su país de origen, Rumanía. Vienen por la llamada de otros compatriotas que ya están aquí y buscan trabajo como temporeros en la recogida de fruta durante tres meses. El goteo incesante de ciudadanos rumanos está desbordando la capacidad de acogida de municipios zaragozanos como Calatayud.

Para botón de muestra del imparable ascenso de los ciudadanos de este país, basta conocer que en 2006 hay más de 22.000 rumanos empadronados en Aragón, cuando en 2001 sólo había 761. Muchos de ellos se concentran en Calatayud, donde hay más de 3.300 inscritos en el registro municipal. El centro de Servicios Sociales ya ha dado la voz de alarma ante la oleada masiva de irregulares que está colapsando sus dependencias.

En un informe, critica que el servicio de atención al inmigrante ha tenido que coordinar su actuación con la oficina delegada del Gobierno en Aragón con el fin de restringir su actuación a las personas que viven en el municipio. Esta situación ha creado «malestar entre los inmigrantes que llegan desde otros pueblos y a los que no se atiende».

Según denuncia el informe, las personas sin dinero para pagar el viaje desde Rumanía – unos 180 euros el billete – tienen que dejar el pasaporte en depósito al chófer del autobús, devolviéndolo tras pagar el billete, lo que supone que muchas veces los inmigrantes vayan indocumentados. Los rumanos vienen a trabajar en la recogida de fruta pero «los puestos de trabajo han bajado por las pérdidas de las cosechas», debido a la meteorología.

Los servicios sociales explican que estos ciudadanos llegan a Calatayud para «conseguir la mayor cantidad de dinero posible para enviar a su país, por lo que se meten en pisos en los que ya viven otros compatriotas o prefieren dormir en parques, campos o bajo los puentes». Por el momento, ya funcionan cuatro líneas de autobuses con conexiones diarias o semanales.

Por otra parte, la Guardia Civil desalojó ayer un asentamiento de 35 rumanos que se encontraban de acampada en el cauce del río Grio, desembocadura del Jalón, en el término municipal de Ricla (Zaragoza).

El desalojo de estos inmigrantes, que vivían en tiendas de campaña y en casetas construidas con maderas y cartones, se llevó a cabo por agentes de la Guardia Civil sin que se registrase ningún incidente.