La inmigración es un asunto de Estado y así debe ser abordado. Es la posición coincidente de los grupos parlamentarios, tanto de Gobierno como de oposición, que confían en que la reunión que hoy mantendrá el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con las instituciones canarias y las ONG concluya con medidas que contribuyan a mejorar los medios y la atención que se presta a los inmigrantes en las islas, pero también con el compromiso de que se intensificará el trabajo en los países de origen para intentar detener las salidas y en Bruselas para liderar y coordinar el trabajo.

En este sentido, la diputada de Coalición Canaria (CC) Socorro Beato demanda «firmeza» al Gobierno Ángel Víctor Torres a la hora de demandar al Estado un plan integral que incluya desde ayudas a la cooperación y acuerdos bilaterales con los países emisores a la mejora del funcionamiento del Sive para salvar vidas durante la travesía o «meter mano a los CIE» para que ofrezcan una atención humanitaria en destino. Aunque entiende que la reunión llega con retraso, «bienvenida sea si significa que se ponen ya a trabajar».

En el mismo sentido se manifiesta la presidenta y portavoz parlamentaria del Partido Popular, Australia Navarro, que recuerda que su formación lleva meses «advirtiendo de la necesidad de adoptar medidas urgentes» ante el repunte en la llegada de pateras a Canarias. En enero, 708 inmigrantes llegaron a las costas del archipiélago, multiplicando por 18 los extranjeros que llegaron a las islas en el mismo mes del año pasado.

Además, la dirigente popular confía en que, frente a la «improvisación» que ha existido hasta el momento, a partir de ahora se coordine la actuación entre el Estado y la comunidad autónoma y se trabaje en origen, dando prioridad a la lucha contra las mafias; que se «exija el buen funcionamiento del Sive y del Frontex» y que en destino se aporten los recursos necesario porque «no se puede permitir que estas personas estén durmiendo en la calle». Además, afirma que las dos administraciones «deben asumir sus responsabilidades y no cargar a los ayuntamientos».

También formaciones que apoyan al Gobierno de Canarias como Nueva Canarias y Podemos se muestran contundentes sobre las conclusiones que deben salir de esta reunión con Interior. Manuel Marrero, portavoz de la formación morada, señala que la inmigración es un asunto de Estado y, por tanto, la protección de Canarias como región fronteriza corresponde a Madrid y a la Unión Europea, cuya labor, dice, «deja mucho que desear y que debería estar centrada en los derechos humanos».

Tanto Marrero como el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, hacen hincapié en que, aunque no dudan de la legalidad de las repatriaciones, se debe exigir «exquisitez» y que los inmigrantes tengan la oportunidad de solicitar asilo» y no sean devueltos si vienen de un país en conflicto. Tampoco son partidarios de mantener los centros de internamiento (CIE) ni de reabrir El Matorral con su actual estructura . «No dudo de la figura jurídica, pero deberían reconvertirse en verdaderos centros de acogida», afirma Campos.

Además, propone recuperar los cupos de trabajo como fórmula para canalizar los flujos y «chafar el negocio a las mafias». Para NC también es importante que el Estado sensibilice a las comunidades para que acojan inmigrantes .