El juez Arcadio Díaz Tejera emplaza en un auto a las administraciones a solucionar “de manera urgente” las deficiencias que ha detectado en sus últimas dos visitas al CIE de Barranco Seco, máxime cuando buena parte de ellas no son nuevas, sino que ya habían sido advertidas por sus antecesores en el cargo, antes de la reapertura del centro.

Díaz Tejera critica que, a pesar de la remodelación, el CIE de Gran Canaria mantenga “la misma estructura carcelaria interna”.

“Los colores, los olores y los ruidos siguen siendo los mismos que los de una cárcel, pero no una de las cárceles remodeladas de la democracia parlamentaria, sino que mantiene la estética, los olores y los ruidos de las cárceles de la dictadura”, asegura.

El auto subraya asimismo una serie de deficiencias que afectan a los derechos y a la vida diaria de “los jóvenes” allí recluidos – la mayoría de quienes llegan en patera a Canarias lo son – , “que no han cometido delito alguno, salvo luchar por la esperanza”, recuerda.

Entre ellas, señala que solo hay un comedor operativo, lo que obliga a servir cada comida en cuatro turnos, que la dieta no es equilibrada “para jóvenes con un limitado espacio para el ejercicio de actividades deportivas”, y que no se organiza actividad cultural o de esparcimiento alguna, cuando la mayoría de los internos le han manifestado, por ejemplo, que quieren aprender español.

Pero, sobre todo, pone el acento en las garantías jurídicas que se ofrecen a los inmigrantes, porque ha comprobado que no reciben más asistencia que una conversación con un letrado de oficio al poco de desembarcar de la patera en la que llegaron.

“Los internos del CIE han estado desasistidos de todo asesoramiento jurídico durante su estancia. Esto genera una situación preocupante, sobre todo por los naturales de Mali, país en guerra”, apunta, lo que puede haber provocado que algún inmigrante merecedor de “asilo y refugio” haya perdido esa oportunidad porque no se le han explicado “suficientemente” sus derechos y los trámites para solicitar la protección internacional.

Para paliar esa situación, sugiere que se dote al CIE de Gran Canaria de un servicio de orientación jurídica permanente, como los que existen en centros de “Aragón, Cataluña o Madrid”.

“Las insuficiencias detectadas para un trato digno (artículo 10 de la Constitución española) a los usuarios del centro continúan sin ser subsanadas, sin que la buena voluntad y amabilidad de los agentes de la autoridad que prestan servicio en el CIE sea suficiente para alcanzar las cotas de dignidad en el trato que corresponden al desarrollo económico y social y la tradicional hospitalidad del pueblo canario”, añade el juez.

Además, argumenta que nada de lo que está ocurriendo en este momento en las islas con el repunte en la llegada de pateras “es nuevo ni original”, porque el fenómeno de las migraciones “no resulta novedoso ni difícil de imaginar por estas tierras”, sino que depende “las mareas, la época del año o cómo se va desarrollando el tráfico de seres humanos por otras latitudes”.

Profesor universitario de Derecho Constitucional, el juez que firma este auto ha sido senador por el PSOE, Diputado del Común de Canarias y representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España ante el Consejo de Europa.