Vicent tiene 40 años, está divorciado, es trabajador eventual del campo y vive en Alzira. Hace aproximadamente un año un conocido suyo le habló de la posibilidad de ganar 6.000 euros si contraía matrimonio con una joven rumana. “¡Era muy guapa!”, matiza. Se negó, por muchas razones. Y fue su negativa lo que provocó que, días después, la oferta subiera hasta 9.000 euros. “La chica, de 19 años, no tenía papeles, y me aseguraron que si accedía además del dinero la mujer limpiaría mi casa hasta que nos divorciáramos”. Volvió a negarse. En este caso el móvil para captar el interés de este valenciano fue el dinero.
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Pero no siempre es así. Lo cuenta P., de 24 años y universitaria. Reconoce que “hace tiempo” se casó con un joven cubano homosexual. “Era la única manera que tenía de instalarse en España, y lo hice sólo por amistad; fue un acto humanitario para sacar a un joven que vivía reprimido y en la miseria en su país de origen”.
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No hay datos sobre cuántos matrimonios de españoles con extranjeros tienen como objetivo lograr el permiso de residencia – que se adquiere nada más casarse – para, al cabo de un año, solicitar también la nacionalidad española. Pero Juan Luis de la Rua, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), advierte a La Vanguardia de que “sabemos que es una realidad que va en aumento y que es muy complejo evitarla”. De la Rua dirigió hace unos días una reunión con los presidentes de los TSJ de toda España en Valencia. “En nuestras conclusiones quedó claro que en todas las provincias, y especialmente en la costa y en las capitales, existe un constante incremento de matrimonios fraudulentos entre nacionales y extranjeros y que tenemos una necesidad urgente de crear registros civiles especializados para atender todas las demandas de la inmigración”. Algunos, como Luis Aguiar, vocal del Consejo General del Poder Judicial, han llegado a calificar de “avalancha” la existencia de matrimonios de conveniencia, llamados matrimonios blancos en Francia. Y lo peor, concluye De la Rua, es que “no podemos descartar que, como ocurre con la prostitución, haya redes que se especialicen en este tipo de fraude como un negocio más”.
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La dirección general de Registros y del Notariado emitió en diciembre del 2005 una resolución, además de una circular, advirtiendo de la problemática de las uniones entre españoles y extranjeros. Entre otras razones, por lo que ya es una evidencia: la enorme dificultad para investigar y verificar la veracidad de estos matrimonios. “Es muy complejo saber la verdad, y en ocasiones los funcionarios temen violar algunos derechos en sus interrogatorios y pesquisas para conocer la relación entre los contrayentes”, señala De la Rua. Los interrogatorios se efectúan por separado, y pretenden dilucidar, a partir de conocer detalles de cada persona, si es veraz o simplemente una argucia su intención de casarse. “Sólo cuando hay certeza moral plena, el juez puede denegar estos matrimonios”. “Los registros civiles en España están desbordados; sólo en Las Palmas, en el 2005 hubo más de 700 expedientes; y en Valencia a veces tenemos hasta 130 consultas diarias y en una pequeña población como Denia, hasta 50 diarias”, concluye De la Rua. En EE. UU. el Departamento de Migraciones establece duros controles a los matrimonios entre estadounidenses y foráneos, y en algunos países de la UE se ha debatido la posibilidad de tipificar como delito contraer matrimonio de conveniencia.
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M. y T., cubanos, aseguran que siempre será difícil detectar el fraude, por falta de funcionarios y recursos. Ambos se divorciaron en Cuba y pactaron con una pareja de españoles sendos matrimonios. “Yo – señala ella – necesitaba instalarme en España para tratarme de un cáncer”. Tras casarse se puso a vivir en un piso con su auténtica pareja: “Nunca nadie nos dijo nada, ni nos interrogó, ni vino a vernos”. Ahora ambos tienen la nacionalidad española.
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