Llegan en autocares y furgonetas. Desde Bulgaria atraviesan las fronteras de media Europa como turistas y se instalan en pueblos como Zaidín (Bajo Cinca), que con sus 1.800 habitantes empieza a sentirse desbordado. En los últimos meses han llegado centenares de inmigrantes desde la región de Silistra, tantos que “ni en el momento cumbre de la campaña frutera habrá trabajo para todos”.
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Toskov, Toni para los zaidinenses, forma parte de las primeras oleadas migratorias. Vino hace un año y trabaja en una finca con los papeles en regla. Cuando los obtuvo, trajo a su numerosa familia: mujer, cuatro hijos, suegros, padres y un hermano que se instalaron en una casa de alquiler en el casco antiguo. Para pasar la frontera de la UE “tan sólo tuve que mostrar entre 300 y 400 euros para demostrar que iba como turista”. En su pueblo natal, Dobrich, trabajaba en el campo, cultivando patatas y melones. “De allí me fui a Sofía a trabajar en una fábrica, que cerró. Mi cuñado estaba en Fraga y me dijo que le iba bien, y por eso me vine”.
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Otros compatriotas de Toni confiesan que tuvieron que dejarse en las fronteras varios centenares de euros más como “propina”. El precio de una plaza en un autocar de Sofía a Fraga cuesta 90 euros. Una furgoneta Volkswagen Carabelle azul oscuro que solía hacer este mismo recorrido casi todas las semanas cobraba 500 euros entre todo el pasaje. Estas expediciones varían los pasos fronterizos para entrar en España. Altunai, un joven de 17 años que encontramos en la plaza del Ayuntamiento, sin trabajo, “aunque mis padres sí tienen”, dice que las fronteras de Austria, Italia y Alemania son las más complicadas “y caras”.
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Toni y Antunai forman parte de la misma minoría étnica búlgara, de origen gitano, que llenan las estrechas calles de Zaidín. La mayoría pertenece a grandes grupos familiares originarios de Dobrich y Dulowa. Antunai, natural de esta última población, nos dice que “allí solo quedan viejos”.
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Según el censo de Zaidín, los búlgaros, minoría mayoritaria, han pasado de 134 a 181 en seis meses. La sensación de los autóctonos es que “hay muchos más, entre 500 y 600. Compran o alquilan casas, algunas en mal estado, y las llenan de gente. Otros se hacinan en corrales o granjas abandonadas”, cuentan. “Cuando paseas y encuentras a un conocido, casi te entran ganas de abrazarlo, por lo insólito”, dice bromeando Mari Carmen Seuma, funcionaria.
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MERCÈ GILI La comunidad búlgara trabaja ahora en labores agrícolas, pero durante el invierno se han dedicado casi en exclusiva a la recogida del caracol, lo que ha originado algunas tensiones con propietarios de las fincas. Esta llegada masiva ha generado economías paralelas, como por ejemplo la de realquiler de las casas, el cobro de tres euros por dormir una noche en una granja o pajar, el transporte a compatriotas que tienen que desplazarse a Fraga para hacer gestiones (tres euros por persona).
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Teresa Font, alcaldesa de Zaidín, considera que la situación no es preocupante y no hay graves problemas de seguridad, “pero podría serlo si al Gobierno se le va de las manos el control de las fronteras”. Con respecto al peligro que supone el mal estado de algunas de las viviendas, dice que ya ha dado instrucciones para que técnicos municipales “las revisen y ordenen el desalojo de las que no están en condiciones”. Pero Teresa Font lamenta que desde la subdelegación del Gobierno en Huesca no hayan atendido sus demandas de efectivos policiales. “Tocamos a medio guardia civil por pueblo”.
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En el colegio público San Juan Bautista de Zaidín, el 25% de los 160 alumnos son extranjeros, y 30 de esa minoría búlgara. En el aula de P – 3 del próximo curso entrarán más niños búlgaros que de padres zaidineses. Pero su director, Isidro González, dice que “el proceso de integración es rápido y bueno, especialmente entre los más pequeños”.
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Aun así, se vislumbran tensiones entre los búlgaros blancos, mayoritarios en su país y muy pocos aquí, y la minoría étnica de Silistra. Y entre los que no tienen papeles, que cobran unos 4 euros a la hora, frente a los 5,5 euros más los seguros que estipula el convenio para los contratados legalmente. “Es una bomba de relojería que, si no se desactiva, puede estallar”, dicen algunos vecinos.
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