Sevilla, 3 feb (EFE).- Un total de 33.261 inmigrantes llegaron de forma clandestina a la frontera sur de España en 2019, frente a los 64.120 que se registraron en 2018, según el balance migratorio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que responsabiliza de estos datos a la “política represiva de Marruecos subcontratada por la Unión Europea”.

En rueda de prensa, el portavoz de esta asociación, Rafael Lara, ha explicado que el descenso tiene buena parte de motivación en el reforzamiento de las fronteras, las redadas, la presión en campamentos y viviendas particulares y la instalación en el lado marroquí de una triple hilera de concertinas.

La asociación ha cuestionado estas medidas y ha lamentado que España haya subvencionado “las prácticas de violencia, maltrato y muerte en Marruecos contra la población subsahariana”.

Según este balance, de las 33.621 personas llegadas a España por la frontera sur el año pasado, 26.916 lo hicieron por vía marítima, en 1.194 embarcaciones de todo tipo, y 6.345 por vía terrestre a Ceuta y Melilla.

A Andalucía arribaron 20.307 personas, de las cuales 6.948 lo hicieron a Almería, seguida de Cádiz (5.805), Granada (4.128), Málaga (3.819) y Huelva (52).

El balance de 2019 refleja un aumento considerable de la ruta de Canarias, con datos que duplican los del año anterior, ya que se ha pasado de 1.425 en 2018, a 2.918 el pasado año.

En esta ruta, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, murieron el pasado año 200 personas, del total de cerca de 600 que perdieron la vida en 2019 intentando alcanzar España.

La ruta más mortal de todas sigue siendo la del Alborán, con 262 personas fallecidas.

La presión sobre los inmigrantes subsaharianos ha provocado, según este balance, que sean principalmente los marroquíes los que finalmente estén llegando a España, y, sobre todo, menores.

A pesar del descenso a la mitad del total de número de inmigrantes, en 2019 ha crecido la llegada de menores con un total de 8.066, frente a los 7.053 de 2018, lo que ha provocado que los menores sean ya el 30 % del total de inmigrantes arribados a la frontera sur de España.

Ana Rosado, encargada de recopilar los datos, ha criticado la “falta de transparencia, criterios y acceso a los datos del balance quincenal del Ministerio del interior, que promueven la desinformación y sirven de caldo de cultivo para los discursos de odio”.

La asociación reclama que “el nuevo gobierno introduzca modificaciones sustanciales en las políticas migratorias para respetar los derechos humanos en las fronteras y evitar tanta muerte y tanto sufrimiento”.