Desesperados y sin saber a quién recurrir. Así confiesan sentirse los propietarios de una vivienda situada en la calle Eskalantegi 44, que sirve de frontera entre Pasai Antxo y San Sebastián. Hace más de seis meses una familia ocupó el piso que habían puesto a la venta un año antes. Lo habían comprado para sus hijos, pero cuando la pareja puso fin a la relación, los respectivos padres decidieron hacerse cargo de este, alquilándolo, en un principio, y anunciando su venta después, una vez que había dejado de estar habitado.

Fue ocupado la noche del 7 de julio, cuando el citado distrito pasaitarra celebraba sus fiestas patronales. Una llamada de la administradora de la comunidad les alertaba a la mañana siguiente del suceso. «Fuimos a comprobarlo y nos encontramos en la puerta a una mujer y unos chicos. Llamamos a la Ertzaintza, que identificó a esta y a un hombre que estaba en el interior de la casa. Les invitaron a que se fueran, pero se negaron. Incluso llegaron a sacar una hoja informal para demostrar que, supuestamente, un tal Mohamed Alí les había alquilado ese domicilio. Todo falso. Se las saben todas», recuerda Pedro, nombre ficticio de uno de los propietarios que, al igual que el resto, prefiere ocultar su identidad por motivos de seguridad. «Tenemos miedo. Nos han amenazado de muerte», asegura.

«Desde octubre me roban la luz de mi casa y tengo que pagar todos los meses más de 200 euros»

El 9 de julio interpusieron una denuncia por ocupación de vivienda en la ertzainetxea de Ondarreta, en San Sebastián. Sería la primera de otras que se irían sucediendo a lo largo de las siguientes semanas sin lograr ningún avance significativo. «Hemos intentado que se marcharan. Yo mismo me propuse hacerles la vida imposible, cortándoles el agua y la luz. Dos días después de cortar esta última, ellos la volvieron a dar de alta en Iberdrola con una solo llamada de teléfono y a mi nombre, domiciliándome el recibo. Debieron de hacerse con mis datos por alguna carta que encontraron en el buzón», explica Pedro.

Lo mismo ocurrió con el suministro de agua. Tras multitud de gestiones con el Ayuntamiento de Donostia, municipio al que pertenece la mitad de la calle Eskalantegi, logró darla de baja, pero se las ingeniaron para volver a disponer de ella. También se vio obligado a cortar el suministro de gas porque la familia fue sorprendida tratando de manipular la caldera del edificio.

Los cables colocados ilegalmente en el registro eléctrico.
Los cables colocados ilegalmente en el registro eléctrico. /
LUSA
«Mes y medio después, puse la siguiente denuncia porque forzaron las cerraduras de los cuartos comunitarios de contadores eléctricos y de agua, así como el buzón. La consideraron una ampliación de la primera, que no sabemos por qué aún no había sido gestionada. Al día siguiente me aseguraron que ya habían tramitado todo. Hasta hoy no hemos tenido noticias ni de la Policía ni del juzgado», señala Pedro.

Ansioso por poner fin al «infierno» que las dos familias están viviendo, llegó a contactar en varias ocasiones con una educadora social de un programa perteneciente a la Diputación Foral de Gipuzkoa, al que los okupas de etnia gitana estaban acogidos, para que le ayudara. «Me dijo que eran buena gente, que pronto les darían una vivienda y me llegó a pedir que no les cortara el agua porque, de lo contrario, me dejarían el piso mucho peor», recuerda con rabia.

«Los vecinos de Antxo dicen que nos apoyarán hagamos lo que hagamos»
«Los vecinos de Antxo dicen que nos apoyarán hagamos lo que hagamos»
E.V.
Amenazas de muerte
A pesar de que hace tres meses se les concedió una vivienda social en alquiler a través de Alokabide en la misma calle de Antxo, antes de marcharse, aprovecharon para llevarse el mobiliario con el que el piso había sido puesto a la venta y para meter en él a un número indeterminado de otros de sus familiares. «Hay un mínimo de cinco, aunque se ha llegado a ver entre 20 y 30 personas dentro de él», manifiestan vecinos del mismo inmueble. La mayoría de ellos también está viviendo «un calvario», hasta el punto que alguna familia se plantea vender su casa y marcharse por las amenazas que ha recibido. Ese es el caso de un matrimonio con una hija de corta edad. Los okupas acechan, al parecer, a la mujer en su puesto de trabajo. Según explica su marido, «entran cuando está sola en el comercio, le dicen que la van a matar y le hacen el gesto de cortarle el cuello. Nuestra niña de seis años pasa miedo. No hace más que preguntarnos cuándo se va a ir esa gente».

Cuando Pedro logró dejarles finalmente sin suministro de electricidad, los ocupas realizaron un empalme ilegal en la instalación de otro vecino. Para cuando lo descubrió, ya le había llegado una factura por valor de «más de 200 euros».

«Estamos desesperados. Esta situación nos está condicionando la vida a todos»

«Estoy pagando ese dinero todos los meses desde octubre, teniendo que renunciar a encender la calefacción de mi casa por si saltan los plomos», declara. También él denunció lo ocurrido ante la Ertzaintza y recurrió a un electricista para retirar el enganche. «Me costó otros 250 euros. La segunda vez que tuve que llamarle para lo mismo, pedí que los agentes estuvieran presentes por seguridad, pero me dijeron que si estaban mientras el electricista desconectaba el empalme ilegal, se lo tendrían que llevar detenido porque es un delito», declara. En la comunidad se han producido enfrentamientos verbales entre la familia okupa y varios vecinos. En una ocasión, tuvieron que trasladar a urgencias a una mujer por una subida de tensión.

«Nos han amenazado con prender fuego al piso. Estamos desesperados. Esto nos está condicionando la vida a todos, propietarios y vecinos. No hay noche que durmamos tranquilos», añade Pedro. Solo encuentra consuelo en los vecinos de Antxo. Desde que el viernes compartió su caso con ellos en una movilización ciudadana celebrada por la inseguridad en la zona, no ha dejado de recibir muestras de solidaridad. Esta semana, los antxotarras volverán a salir a la calle y lo harán también para apoyar a Pedro y los demás propietarios.