Los portavoces de los dos sindicatos policiales negaron que los 99 senegaleses repatriados el miércoles pasado desde Canarias recibieran malos tratos durante el viaje en avión. Aunque defendieron la «correcta» actuación de los agentes y rechazaron cualquier acusación de tortura, admitieron que los inmigrantes fueron trasladados esposados, concretamente con cintas de tela a los asientos de la aeronave. Además, reconocieron que los extranjeros viajaron engañados. No les informaron de su destino, confesaron, para «evitar una situación violenta que pondría en riesgo el vuelo y a sus ocupantes».

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, aseguró que el traslado de los inmigrantes irregulares se hizo con «un escrupuloso respeto a los derechos humanos». Sánchez Fornet alegó que, en la actualidad, «no existe un protocolo de actuación que explique cómo devolver a un ciudadano que se opone y que está dispuesto incluso a tirarse del avión».

El viaje «se complicó»

Pese a que el viaje fue «tranquilo», relató que «la situación se complicó» tras el aterrizaje, cuando los inmigrantes comprobaron dónde estaban: «Protestaron contra las autoridades senegalesas y se negaron a subir a los autobuses, pero en ningún caso hubo problemas con los agentes». Por ello, calificó de «injustificada» la queja del Gobierno senegalés. De la misma opinión fue el portavoz de la Confederación Española de Policía, Rodrigo Gavilán, quien afirmó que el incidente es una «excusa de las autoridades senegalesas para no admitir más subsaharianos y así reclamar más dinero al Gobierno español en las negociaciones».

Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, acusó al Gabinete de Zapatero de ir «dando tumbos» en la política de inmigración y de «cubrirse de gloria» con esa primera repatriación. El Gobierno español confía en realizar el próximo traslado de senegaleses en un plazo máximo de una semana.

Las quejas han llevado a Amnistía Internacional a pedir al director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, que abra una investigación «exhaustiva» sobre cómo se llevo a cabo la repatriación. Su delegación en España indicó que hay «indicios suficientes de irregularidades» y recordó que, de acuerdo con la legislación, está prohibido el uso de esposas – sólo pueden aplicarse cuando existan problemas individuales de orden público – .