Sumamos los préstamos que tienes suscritos y los unimos en un crédito único. Pagarás menos cuota y dispondrás de más dinero para tus gastos. Todo con la garantía de tu vivienda». Este mensaje publicitario asoma a los medios, cada vez con más frecuencia, como ejemplo del floreciente negocio del préstamo rápido que, al calor del imparable endeudamiento de las familias – que representa ya el 77% del Producto Interior Bruto (PIB) tras rebasar, en abril, la barrera de los 700.000 millones de euros – tiene en vilo al Banco de España.

La institución está preocupada con la proliferación de un número incontable de empresas dedicadas a reunificar todas las deudas que cualquier ciudadano tenga contraídas con las entidades sin hacer muchas preguntas sobre su solvencia. El objetivo que se persigue no es otro que el de reducir el coste total de la financiación.Una práctica bancaria, que suele ser habitual en época de vacas flacas, pero que se ha desarrollado con fuerza en pleno ciclo de bonanza, introduciendo una novedad: la conversión de varios créditos en uno solo está siendo realizada, en su mayor parte, por empresas que no son entidades bancarias sometidas al control del Banco de España.

El estallido del escándalo de Afinsa y de Fórum Filatélico, intervenidas judicialmente después de que la Agencia Tributaria detectase un agujero de 5.200 millones de euros y dejaran un reguero de 350.000 inversores damnificados, ha dañado de nuevo la imagen de los órganos supervisores, atentos, ahora, a un nuevo negocio que, como el filatélico, escapa a todo tipo de control.

En España, además, esta singular modalidad prestataria ha encontrado un enorme nicho de mercado con el nuevo ciclo alcista de los tipos de interés. El Euribor, principal referencia para el 98% de las hipotecas que hay en el país, se ha encarecido hasta el 3,221%. Una subida que dura ocho meses y que amenaza con no detenerse a lo largo de 2006 y que ya empieza a pesar en el bolsillo de los consumidores, habituados a tener que compaginar el pago del piso con el préstamo del coche o los gastos extra de las vacaciones ocasionados por un descuidado uso de las tarjetas de crédito.

Son, por una parte, los inmigrantes, que no cuentan con gran arraigo o respaldo económico de sus familias, y, por otra, los morosos que ya empiezan a ver el fantasma del embargo o que engrosan los listados de insolventes – arma empleada por los bancos y cajas para cortarles toda vía de financiación – , quienes se han convertido en clientes excepcionales de un sector en auge. Este tipo de empresas logra borrar de los ficheros bancarios los nombres de consumidores asfixiados por su situación deficitaria, a cambio de préstamos puente con intereses abusivos de hasta el 25%, más una tarifa por intermediación que ronda los 3.000 euros.

La mecánica es sencilla: los clientes con dificultades económicas consiguen ampliar la hipoteca o concertar una nueva. Y con los nuevos fondos obtenidos, devuelven anticipadamente los saldos pendientes del resto de préstamos (personales, deudas acumuladas con tarjetas de crédito, etcétera). De esta forma, pasan a pagar una sola cuota, en lugar de varias como hacían anteriormente.

Son operaciones que incurren en elevados costes de tramitación y formalización, sin contar las comisiones. Es en este punto donde el Banco de España da la voz de alarma: aquellos que buscan cómo reunificar sus deudas han de informarse si la entidad está inscrita o no en los registros oficiales del organismo. Una cuestión que ya ha analizado con sigilo Bruselas, donde una propuesta de directiva sobre el crédito al consumo, presentada por la Comisión Europea en octubre del año pasado, prevé que los Estados miembros designen organismos independientes que vigilen a los intermediarios de préstamos, asunto que no se ha resuelto a fecha de hoy.

El Banco de España reconoce que ese control es extensivo a las empresas que ofrecen servicios hipotecarios especiales – como las refinanciaciones – con frecuencia denegados por la banca formal.

El temor del supervisor viene no sólo por la explosión de firmas dedicadas a la intermediación de préstamos al margen de las entidades tradicionales en todas las capitales de provincia y ciudades de más de 50.000 habitantes. Una actividad a la que cualquiera puede dedicarse, a diferencia de la captación de depósitos, al no estar, por ley, reservada exclusivamente a bancos y cajas de ahorros.

Cancelan embargos y otorgan préstamos personales sin importar el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI) o si el cliente tiene nómina. «Es una actividad que perjudica a todo el sistema financiero.Cambian impagados por hipotecas a 20 años. Limpian el expediente de morosos para que puedan solicitar más créditos», lamentan desde la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), que engloba a las entidades de crédito especializadas en la concesión de créditos al consumo, registradas en el Banco de España.

Al principio, estos establecimientos se limitaban a alcanzar acuerdos con bancos para resolver impagados. Básicamente, ofrecían tareas de asesoramiento. Pero con el tiempo, algunas se han atrevido con la financiación. «Cobran caro por el tipo de cliente que acude, incapaz de justificar sus ingresos y que quiere soluciones económicas en menos de 48 horas», reconoce desde una de estas compañías su responsable, que pide mantenerse en el anonimato.

«Los inmigrantes han disparado el negocio. Hay muchos que no entran en las sucursales bancarias por no tener papeles», aseveran desde la Asociación Española de Banca (AEB).

El sobreendeudamiento de las familias es, para los analistas, el incentivo que explica la aparición de toda una nueva amalgama de productos financieros al alcance de cualquiera. E internet se ha convertido en su mejor aliado. En apenas unos minutos y sin necesidad de que el cliente tenga que justificar sus ingresos, se puede acceder fácilmente a esta forma de financiación. «Uno paga un coche cuya vida tiene cinco o seis años con un préstamo a 30 años», lamenta Jordi Castilla, abogado de la asociación de consumidores Facua.

«El producto alivia la cuenta corriente al principio. Es una inyección. Pero la carga económica es mucho mayor que la anterior», añade el experto, temeroso de que en los próximos meses se registren denuncias al comprometerse los clientes a pagar intereses que alcanzan, en algunos casos, el 25%. «Se aprovechan en este negocio de que la libertad contractual prima sobre la usura», asegura.

El Banco de España, a pesar de que no supervisa los establecimientos que no se inscriben en el correspondiente registro, sí puede sancionarlos. Pero no por la actividad crediticia que realizan, sino por el uso de denominaciones que induzcan a confusión. O lo que es lo mismo, puede multar a las empresas que empleen nombres genéricos propios de entidades de crédito. «Primero se les hace un requerimiento de información. En la mayoría de los casos se procede al cambio de denominación. Pero si no es así, se las castiga con hasta 30.000 euros», indican en la institución.

Estas empresas se asemejan a la actividad de los 77 establecimientos financieros de crédito – entidades que sí están registradas en el Banco de España y que suelen estar vinculadas a grandes superficies, firmas automovilísticas o a filiales bancarias – que operan en España, pero ofrecen singulares maneras de obtener dinero en un solo día.

Es el caso de Centro Hipotecario e Inversión, que opera desde un piso en el centro de Madrid. Si el cliente necesita con urgencia una cantidad determinada, la compañía, en lugar de realizar labores de intermediación bancaria, le ofrece capital de inversores privados.Con sólo acreditar una fotocopia del documento de identidad y la última factura de la hipoteca, el usuario recibe 3.000 euros.Una cantidad a devolver en un año más un interés del 15%.

«Envía esta solicitud de crédito y consigue hasta 4.000 euros para lo que tú quieras. Transferimos el dinero en sólo 24 horas tras aprobar su petición. Sin explicar para qué lo quiere. Fácil y sin salir de casa. TAE 22%». Este es otro de los ejemplos que, por decenas, inundan páginas web y que han encendido la alarma en el Banco de España.

«Es un negocio que contrasta con los créditos tradicionales de nuestro sistema bancario, destinados a clientes que cuentan con referencias previas favorables a la concesión de la operación», señala el Banco de España, que pide precaución ante la «rapidez, confidencialidad y flexibilidad para devolver el dinero», tres ventajas que llaman la atención.

El supervisor reconoce que estos créditos rápidos tienen unos tipos de interés que pueden llegar a duplicar o triplicar muchos de los ofrecidos por las entidades bancarias – en torno al 8% actualmente – y que no eximen de la obligación de devolver, dentro del calendario aceptado, las cantidades recibidas, los intereses, las primas de seguro y otros gastos incurridos.

La institución resalta, sin embargo, que aunque estas empresas no son establecimientos financieros de crédito sometidos a su control, los que sí están incritos en sus registros tampoco cuentan con un fondo de garantía específico, aunque suelen contar con el respaldo de bancos tradicionales o grandes compañías.

Al cierre de 2004, los activos dudosos de los establecimientos financieros bajo supervisión oficial requirieron de una provisión para fondos de insolvencias de 829 millones. La tasa de mora alcanzó el 2% y su actividad crediticia representó el 95% de los balances. Y su beneficio neto se disparó un 37% y sumó 357 millones. Son cifras que atraen la picaresca de empresas no controladas, que no realizan provisiones, cobran intereses de usura y usan ganchos irresistibles: «Si usted ya es propietario de un piso, pero ha visto la casa de sus sueños y no quiere dejar escapar la oportunidad… Llámenos».