La consellera de Bienestar y Familia, Carme Figueras, ha dicho hoy que los inmigrantes que han llegado a las comarcas gerundenses en las últimas semanas «no se podrán quedar» porque la capacidad de acogida en la zona está al límite.

Según informó Catalunya Informació, Figueres señaló que pondrá a disposición de los inmigrantes los recursos humanitarios necesarios, colaborará con los ayuntamientos y junto a las ONG se clasificará a los inmigrantes en función de su lugar de procedencia. La consellera añadió que los temporeros que vengan este año a trabajar en la recogida de la fruta dulce solo podrán ser contratados en origen.

Durante las últimas semanas, han llegado más de 200 inmigrantes a las localidades de Salt y Cassà de la Selva procedentes de Canarias y el Gobierno, la Generalitat y los ayuntamientos de estas dos localidades crearán mesas de trabajo para intentar encontrar soluciones a la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos.

Los subsaharianos que han llegado a Salt y Cassà de la Selva, residen en pisos con más de 20 inquilinos, los colchones se amontonan en las azoteas, garajes, los patios comunitarios y los edificios en construcción, las casetas de cadena humana se han convertido en sus probadores de ropa y las mafias de sus propios compatriotas intentan aprovecharse de ellos.

En las últimas semanas unos 200 inmigrantes subsaharianos naturales principalmente de Senegal y Mali y procedentes de Canarias, han llegado a Salt y Cassà de la Selva. Sus ayuntamientos han denunciado no poder asumir esta situación y se ha establecido una coordinación entre administraciones para tras ofrecerles ayuda humanitaria, intentar que se marchen.

La situación en estas poblaciones es insostenible, y los alcaldes han pedido ayuda a las administraciones central y catalana para que la convivencia de estos pueblos no se vea afectada por esta llegada masiva de subsaharianos, como ha empezado a pasar.

Tras reunirse Generalitat y ayuntamientos, han decidido crear unas mesas de trabajo que tendrán dos objetivos básicos: realizar una detallada evaluación de la situación para conseguir obtener las cifras reales del fenómeno y saber cómo y por qué se ha producido y establecer un plan de trabajo en el que se marque la responsabilidad de cada administración y que cada una de ellas la asuma.

La delegada de la Generalitat en Girona, Pia Bosch, que se ha comprometido a que la Secretaría de la Inmigración garantizará los recursos para que los gastos que haya supuesto este fenómeno no se cargue sobre la economía de los servicios sociales, ha dejado muy claro que estos inmigrantes no pueden quedarse aquí.

«Una vez hecho el acogimiento más humanitario, aquí no se pueden quedar, no haremos acciones que puedan suponer un efecto «llamamiento, no habrá trabajo para estas personas» ha dicho Bosch, que ha añadido que «la acogida sólo será humanitaria, se propiciará, se deberá buscar la manera que vuelvan a sus países, no buscar que estabilicen su situación aquí».

A pesar de que el delegado del gobierno en Catalunya, Joan Rangel, ha negado que estos inmigrantes llegados a las comarcas de Girona en los últimos meses hayan sido trasladados por el ejecutivo estatal procedentes de las Canarias, ellos relatan perfectamente las peripecias que han vivido hasta llegar a Salt y Cassà procedentes de las Canarias, y como han llegado en tres turnos diferentes.

En Salt, el Consistorio ha alquilado una casa de colonias donde permanecen los 27 subsaharianos a la espera de encontrar una solución definitiva. En Cassà, tres barrios han asumido la llegada de los 150 nuevos habitantes de la población. Tres barrios cuyas plazas se han visto invadidas por las bicicletas que les alquilan sus compatriotas «empresarios», bicicletas destartaladas que se las cobran a un euro diario, para poder moverse y buscarse la vida, por ejemplo cogiendo piñas para poderlas vender y sacar algo de dinero.

Los vecinos, todavía no se han acostumbrado al desfile nocturno de colchones en busca de un lugar donde posarse y sienten la impotencia de una situación a la que no ven una fácil solución.

Los habitantes de estas localidades se plantean qué debe hacerse con estas personas, lamentan su situación, pero creen que si no se le pone fin Cassà vivirá una situación «caótica».

El Consistorio, como plan de choque, ha decidido aplicar estrictamente normativas como la de vía pública, para que no dejen sus bicicletas en la calle, o la de vivienda, que impide que decenas de personas vivan en un mismo domicilio.

Con estas acciones, entre otras, se pretende que decidan buscar otro sitio donde residir. La situación que se ha creado es complicada.El estado no reconoce ser el artífice del desembarco de estos centenares de inmigrantes en Girona, ya que Rangel dijo que habían llegado 18. La Generalitat y los consistorios planean medidas para disuadirles de permanecer en estas poblaciones y algunos de sus compatriotas aprovechan su situación desvalida y les sacan el poco dinero del que disponen.