La consejera de Bienestar y Familia, Carme Figueras, dijo ayer que los inmigrantes que han llegado a las comarcas gerundenses en las últimas semanas «no se podrán quedar» porque la capacidad de acogida en la zona está al límite.

Según informó Catalunya Informació, Figueres señaló que pondrá a disposición de los inmigrantes los recursos humanitarios necesarios, colaborará con los ayuntamientos y, junto a las ONG, se clasificará a los inmigrantes en función de su lugar de procedencia. La consejera añadió que los temporeros que vengan este año a trabajar en la recogida de la fruta dulce solo podrán ser contratados en origen.

Durante las últimas semanas, han llegado más de 200 inmigrantes a las localidades de Salt y Cassà de la Selva procedentes de Canarias. El Gobierno, la Generalitat y los ayuntamientos crearán mesas de trabajo para intentar encontrar soluciones a la llegada masiva de inmigrantes subsaharianos. Los que han llegado a Salt y Cassà de la Selva residen en pisos con más de 20 inquilinos, los colchones se amontonan en las azoteas, garajes, los patios comunitarios y los edificios en construcción, las casetas de cadena humana se han convertido en sus probadores de ropa y las mafias de sus propios compatriotas intentan aprovecharse de ellos.

Insostenible

En las últimas semanas, unos 200 inmigrantes subsaharianos, naturales principalmente de Senegal y Mali y procedentes de Canarias, han llegado a ambas localidades. Sus ayuntamientos han denunciado no poder asumir esta situación y se ha establecido una coordinación entre administraciones para, tras ofrecerles ayuda humanitaria, intentar que se marchen. La situación en estas poblaciones es insostenible, y los alcaldes han pedido ayuda a las administraciones central y catalana para que la convivencia de estos pueblos no se vea afectada por esta llegada masiva de subsaharianos, como ha empezado a pasar.

Tras reunirse Generalitat y ayuntamientos, han decidido crear una mesa de trabajo que tendrá dos objetivos básicos: realizar una detallada evaluación de la situación para conseguir obtener las cifras reales del fenómeno y saber cómo y por qué se ha producido, y establecer un plan de trabajo en el que se marque la responsabilidad de cada Administración y que cada una de ellas la asuma.

La delegada de la Generalitat en Girona, Pia Bosch, se ha comprometido a que la Secretaría de la Inmigración garantizará los recursos para que los gastos que haya supuesto este fenómeno no se carguen sobre la economía de los servicios sociales y ha dejado muy claro que estos inmigrantes no pueden quedarse aquí.