Un año más la Memoria Anual de la Fiscalía ha recogido su preocupación por la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a una creciente población extranjera, especialmente del norte del Magreb. El año pasado, los extranjeros detenidos por infracciones penales aumentaron en términos globales un 8,31% – de 4.297 se pasó a 4.654 – , aunque disminuyeron las infracciones administrativas en un 24,08% – de 3.974 a 3.017.

El dato más alarmante, sin embargo, es el considerable crecimiento en la capital. Los extranjeros detenidos por algún tipo de infracción penal, ya sea delito o falta, aumentaron un 45% el año pasado, según datos de la policía recogidos por la Fiscalía. De 1.556 detenciones en 2004, se pasó a 2.266 en 2005. Esto supone que uno de cada tres detenidos en la capital – concretamente un 38,75% – era extranjero, ya que el total de arrestos realizados fue de 5.848.

Se trata de una cifra más que considerable si se tiene en cuenta que las infracciones administrativas por aplicación de la Ley de Extranjería bajaron en la capital un 15,54% y que en la provincia también bajó la delincuencia en la que están implicados inmigrantes. Incluso en las zonas de costa, que años atrás han sido especialmente conflictivas.

Así, en Estepona el número de extranjeros detenidos por supuestos delitos bajó un 32,83%, y en Fuengirola un 24,97%. Sólo en algunas localidades costeras como Vélez – Málaga y Marbella se ha producido un ligero incremento del 6,7 y 5,4% respectivamente. En otras zonas, de interior, también se produjo una bajada considerable como lo demuestra el 36,56% menos de Antequera y el 34,38% menos de Ronda.

Causas

¿Qué explica el repunte en la capital? De entrada, muchos de estos inmigrantes que proceden de países no comunitarios llegan sin papeles y sin dinero y se encuentran abocados a la delincuencia como única forma de subsistencia, tal como señala el fiscal de Extranjería, Juan Andrés Bermejo, para quien no se debe satanizar a toda la numerosa población extranjera de Málaga. La Fiscalía pone el acento no tanto en las causas, sino en las consecuencias. En principio, parece lógico que «a mayor población extranjera más posibilidades hay de que aumenten las detenciones», apunta Bermejo. Si bien, la inmensa mayoría de los inmigrantes de terceros estados que vienen a nuestro país no cometen hechos ilícitos, también es cierto que la mayor parte de los que comenten algún delito se encuentran en situación irregular en España. Otro de los factores que podrían incidir es el conocido como «efecto llamada» al que alude la Fiscalía. El artículo 89 del Código Penal establece como obligatoria la sustitución de la pena por la expulsión del país – salvo contadas excepciones – siempre que la condena sea inferior a seis años de prisión.

Según el Ministerio Público se está produciendo un «efecto llamada a la comisión del delito, ya que desde el punto de vista de la política criminal, además de conceder un trato desigualitario al delincuente extranjero en relación al español que comete idéntico delito, puede tener efectos perniciosos, al suponer una condonación de la pena». En otras palabras, la ley da a los inmigrantes sensación de impunidad que transmiten de boca en boca.

Tipos de delitos

La proliferación de grupos organizados es la mayor preocupación del Área de Extranjería, que apunta a tres grandes tipos de delito: tráfico de drogas, perpetrado en la mayoría de los casos por inmigrantes procedentes del Magreb, prostitución, relacionada fundamentalmente con extranjeros de Europa del Este, y estafas masivas, donde los detenidos suelen ser nigerianos. Como prueba, la operación ‘Nilo’ que se saldó con más de 300 detenciones.

Muchos de los delincuentes que son expulsados regresan a territorio nacional bajo otra identidad. La mayoría utilizan diversos nombres a fin de evitar posibles órdenes de busca y captura. Se da la paradoja de que, en la mayoría de los casos, se desconoce su verdadera nacionalidad porque aportan documentación robada.

Según la Fiscalía, se llega al extremo de poner en busca y captura «a quien no se debiera», a personas ajenas al delito cometido. De ahí que abogue por informatizar las bases de datos para «disponer de todos aquellos antecedentes de la población extranjera». Asimismo, recuerda que «por muchas resoluciones de expulsión que la administración pueda dictar o sustituciones de penas que los jueces o tribunales puedan acordar» sólo se llega a materializar el 20% de los expedientes.