El embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Hau Do Suan, calificó la resolución como “otro ejemplo clásico de dobles estándares y aplicación selectiva y discriminatoria de las normas de derechos humanos” diseñadas para “presionar políticamente a Myanmar”. El embajador dijo que la resolución no busca soluciones a una situación compleja en el estado de Rakhine y no reconoce los esfuerzos del gobierno para encauzar los retos de la zona. La resolución, dijo, “sembrará desconfianza y creará una mayor polarización de las diferentes comunidades en la región”.

El texto de Naciones Unidas pide un cese inmediato de las hostilidades y reitera el cese de “la discriminación sistemática e institucionalizada” contra los rohinyás, el desmantelamiento de los campos de desplazados de esta y otras minorías de Myanmar y “crear las condiciones necesarias para el regreso seguro, voluntario, digno y seguro de todos los refugiados”, algo que los rohinyás han rechazado reiteradamente por miedo a la ausencia de esas condiciones de seguridad en Myanmar.