La decisión adoptada ayer en el caso Polvoranca viene a corroborar la denuncia que en muchas ocasiones hemos hecho en este periódico sobre la defectuosa regulación de la figura de los jurados populares y la necesidad de su reforma. Ha tenido que ser un segundo jurado el que llegara a la conclusión de que José David Fuertes sí apuñaló al joven angoleño Nrombele «sin mediar palabra». El primer jurado lo absolvió en medio de inquietantes sospechas de racismo y cuando existían serios indicios de que el acusado había mentido durante el juicio. La nueva sentencia supone un alivio para la familia de la víctima, que lleva años luchando para que se haga Justicia.Ahora debe servir como acicate para cambiar la ley y sustituir los jurados populares – siempre más susceptibles a influencias externas y a aplicar criterios ajenos a los jurídicos – por jurados mixtos asesorados por expertos.