El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha destacado, con motivo del Día del Migrante, el impacto positivo que supone para ayudar a revertir la crisis demográfica que vive España y hacer frente a la despoblación.

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Fernández Marugán expresa, en un comunicado, su compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes y cree imprescindible concebirlos “como una parte estructural de la población, consolidada en territorio y en la sociedad española”.

Para el Defensor, “es necesario armonizar la legislación de extranjería con el mercado de trabajo” porque considera que la ley de Extranjería “no parece haber tomado en consideración la importancia del fenómeno migratorio para la realidad española”.

Sobre el asilo, la institución insiste en su alerta sobre “la gravedad de la situación en la que se encuentra el sistema de acogida español para personas solicitantes de protección internacional” porque no es capaz de generar “nuevas plazas a la velocidad que requería la cantidad de nuevas solicitudes que se formulan”.

En este sentido, el Defensor recuerda que está formulando sugerencias a la Secretaría de Estado de Migraciones para que asignen a estas personas “recursos de forma inmediata” como establece la directiva europea en ese ámbito.

“En lo que va de año más de 93.000 personas han llegado a España y han solicitado protección internacional; el Defensor considera que hay que ver este incremento de llegadas como ‘una oportunidad’ que puede ayudar a mejorar la situación de algunos territorios con poca población y actividad”, señala.

Sobre los menores extranjeros no acompañados, lamenta los ataques que se han producido en los últimos meses contra estos niños y “los mensajes intolerantes y xenófobos que el Defensor condena firmemente”.

Fernández Marugán ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad y muy particularmente a los poderes públicos, partidos y medios de comunicación para que combatan firmemente estos mensajes.

Para el Defensor, cuidar y atender a estos niños y niñas que llegan solos a nuestro país “es una obligación legal y ética de toda la sociedad”.

En relación al acceso de la población migrante al Sistema Nacional de Salud, la institución recomienda a Sanidad cambios normativos para atender a personas sin derecho a la asistencia sanitaria que se encuentren en situación de vulnerabilidad y ha pedido a las comunidades autónomas que la garanticen para las personas en situación de estancia temporal por extranjería y otras situaciones excepcionales de necesidad.

En la actualidad, la Institución está tramitando algunas quejas que denuncian las dificultades que están encontrando aquellas personas que todavía no han podido formalizar su solicitud de asilo, a la hora de acceder al Sistema Nacional de Salud, una situación generada por la saturación actual de los servicios administrativos que atienden a los solicitantes de protección internacional.

También en materia migratoria, el Defensor del Pueblo siempre ha señalado los retrasos en la tramitación de los expedientes de nacionalidad como una de las cuestiones en las que es imprescindible una actuación urgente de la Administración.