Los servicios sociales de la Comunidad acogen actualmente a 215 de los 305 menores inmigrantes llegados a las costas de la Región este año. «Estamos prácticamente al límite de nuestra capacidad», aseguró la consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI , Familias y Política Social, Isabel Franco, durante su comparecencia, este lunes, en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Asamblea Regional para informar sobre la atención a los menores extranjeros no acompañados.

La también vicepresidenta pidió ayuda al Estado para que adopte medidas extraordinarias que permitan «compensar el gasto que genera a esta Comunidad la atención a estos chicos. Necesitamos medidas complementarias que permitan asumir el gasto que supone para garantizar en el tiempo el servicio que reciben. Es importante que el Gobierno de la nación se implique económicamente». La Administración autonómica, dijo, lleva tiempo asumiendo competencias que «nadie paga», pero a pesar de ello «la asistencia está garantizada».

Tras dos meses de llegada esporádica de pateras, debido a las malas condiciones en la mar, Franco advirtió de que la situación podría cambiar radicalmente en los próximos días con una posible «avalancha» y que, si esto ocurriera, «podríamos vernos superados por la situación».

La consejera destacó que la asistencia a los ‘menas’ se presta «por imperativo legal», aunque también defendió ante la comisión criterios humanitarios para proporcionar a esos chicos el afecto y las oportunidades que no reciben ni de sus familias ni de sus países. Desde 2017 se ha incrementado la recepción de menores inmigrantes no acompañado pasando de 412 ese año a los 501 de 2018.

La diputada de Vox, María Isabel Campuzano, pidió deportaciones aduciendo que así lo piden asociaciones de Marruecos favorables a que esos chicos tengan «raíces y puedan estar con sus familias». Además, reclamó un cambio de legislación para evitar el «efecto llamada» y denunció que a los menores se les «encierra en barracones; es lamentable». También destacó que cada plaza en un centro de menores cuesta 100 euros al día: «Son casi 3.000 euros al mes, un 70% más que en las plazas de residencias de mayores; con ese dinero se podría arreglar la vida de estas familias en origen».

Vox volvió a reclamar el cierre del centro de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz pese a que la consejera negó que esté masificado. Franco reconoció que esa exigencia de Vox está en el acuerdo de gobierno de ese partido con el PP, asumido por el suyo, Cs. Por ello pretende cumplirlo, aunque también dejó claro que la Comunidad cumplirá la ley.