Confieso que no me gusta. Confieso que me desagrada profundamente que se asocie inmigración y delito en el curso de una lamentable transformación de la opinión. Pero el miércoles, para la presentación de la conferencia que el presidente del Tribunal Superior de Justicia dio en el Aula LAS PROVINCIAS, eché mano de los datos actualizados de población reclusa española para encontrarme con que uno de cada tres presos en las cárceles españolas es ahora extranjero.


Los internos en la red penitenciaria española, según balance del 12 de mayo, son 62.984, una población que, aunque incluye los presos preventivos, es superior a la de muchas pequeñas capitales de provincia. Pues bien: más de un 30 por ciento de esa población reclusa es extranjera y está encabezada por aproximadamente 6.000 marroquíes, uno de cada diez de los huéspedes de nuestras prisiones.


Son datos, no son opiniones. Son cifras, generalmente poco conocidas y manejadas, que vienen a articular las opiniones, en ocasiones ligeras, en ocasiones radicales, que los ciudadanos estamos vertiendo cada día en ese magma que configura la opinión pública y la publicada. ¿Pero qué hacer ante la realidad? Cada día de 2006 están ingresando en prisión, por orden de un juez, unas 17 personas. Nueve de ellas son extranjeras y ocho son españolas. La proporción se presenta obviamente desajustada en tanto que la población extranjera cuantificable –es decir, la regularizada que es posible contar– asciende a un 8’5 por ciento en España. Los agoreros pronostican que en 2010, españoles y extranjeros serán mitad y mitad en las prisiones; que ya son las más pobladas de Europa en proporción con el censo.


Es obvio que hay millones de inmigrantes dignísimos, adaptados, integrados y respetables. Pero es evidente también que una inmigración masiva y en parte inadaptada puede dar, en realidad está dando, algunas consecuencias no deseables contra las que se genera rechazo en la sociedad. Comentarlo no es una tarea en la que el periodista disfrute. Pero sería poco honrado callar.