El martirio judicial de las temporeras marroquíes de la fresa

Un año y medio después de denunciar a la empresa onubense Doñana 1998 SL por impago, malas condiciones laborales, abusos y agresiones sexuales, una decena de jornaleras marroquíes de la fresa siguen exigiendo justicia. Sostienen que los juzgados de Palma del Condado, en Huelva, no quieren investigar los hechos y señalan irregularidades en las actuaciones de miembros de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.

Público, MARIA ALTIMIRA / QUIQUE BADIA / DAVID MESEGUER, 09-12-2019

stalaciones habilitadas para alojar a las jornaleras como “contenedores en condiciones bastante infrahumanas, muy precarias, de las que ya no se ven” y añade que ese lugar parecía “un campo de refugiados”. Además, el sindicalista y ex diputado, asegura que las deficiencias que vio, no eran problemas que se podían solucionar con un par de cambios, sino “una cosa estructurada”.

Manuel Matos, uno de los propietarios de Doñana 1998, no ha querido hablar con Público sobre lo sucedido ese día, ni rebatir las acusaciones sobre el engaño y la vulneración de los derechos laborales de estas trabajadoras. Tampoco ha accedido a dar su versión sobre los presuntos casos de acoso y agresiones sexuales sucedidos en la finca de esta mercantil. El empresario se limitó a derivar nuestra petición de información a los responsables de comunicación de la patronal fresera Freshuelva, quienes hasta el momento tampoco han atendido la petición de este diario.

Las otras causas del caso Doñana 1998
Además de los dos procesos judiciales abiertos en los juzgados de instrucción de La Palma del Condado y aquellos relativos a la custodia de sus hijos en Marruecos, las temporeras del caso Doñana 1998 han presentado reclamaciones de carácter laboral en los juzgados de lo social de Huelva. De las 10 reclamaciones, tres de ellas han sido desestimadas y posteriormente recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Según el letrado Díaz, el problema es que han dado credibilidad a testimonios que forman parte “de la organización criminal” como la manijera de la finca, la misma que cuando Fátima sufría de dorsalgia, explica el abogado, se negó a llevarla hasta el hospital si esta no le pagaba por el desplazamiento.

Actualmente los abogados Díaz y Luján asisten a las 10 jornaleras en todos los procesos judiciales que tienen abiertos en España de forma gratuita, y les han brindado un apoyo incondicional desde que conocieron su situación, como manifiestan las denunciantes. Las han ayudado a legalizar su situación y también a conseguir un lugar donde vivir mientras las causas sigan su proceso. “Si ellas se van, se acaba todo, no hay caso”, sentencia Luján. Fátima asegura que los juicios son la única razón por la que sigue en España. Cuando todo termine, sentencia entre la esperanza y la pesadumbre, “volveré a Marruecos”.

Texto en la fuente original
(Puede haber caducado)