Ante el crimen organizado, socialistas y convergentes pedirán prisión provisional para los detenidos y más policía

La resolución incluye una referencia concreta a Canarias: La adopción de medidas urgentes para anticipar y paliar el previsible aumento de llegadas de cayucos este verano y con especial atención a las condiciones humanitarias en centros de internamiento y control sanitarios.

Asimismo, se pide el impuso de un plan de acción – que sesume al Plan África – para abordar el reto que supone la erradicación de la pobreza en el África Subsahariana, buscando su desarrollo económico y social y manteniendo el esfuerzo presupuestario para incrementar la ayuda a todos los países emisores de inmigración hacia España.

Crimen organizado

Además, se insiste en pedir una mayor implicación de la Unión Europea. Así, se insta al Gobierno a promover en los órganos comunitarios la adopción de medidas inmediatas para anticiparse al incremento de inmigrantes irregulares en España y la puesta en marcha, a través de la Agencia de control de las fronteras exteriores de la UE (Frontex) de dispositivos de vigilancia marítima y aérea.

Por su parte, el PSOE y CiU cerraron una propuesta de resolución en la que abogan por reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante más policías y mejor coordinados, y mayores sanciones a los delincuentes, incluyendo prisión provisional para los detenidos.

La resolución defiende el incremento del gasto en seguridad pública, así como el aumento de efectivos mediante el mantenimiento de la oferta de empleo público para el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.

En la misma línea, abogan por reforzar los instrumentos de coordinación, reforzar la labor de los agentes de Inteligencia, y potenciar las unidades especializadas en los cuerpos de seguridad del estado «creando nuevos grupos en aquellas zonas del territorio en que resulte necesario por la presencia e incidencia de la criminalidad organizada».

Destaca también la recomendación a la Fiscalía General del Estado para que instruya a los fiscales con el fin de que puedan solicitar prisión provisional en este tipo de delitos, así como el compromiso de impulsar reformas normativas para una sanción «más severa» a las organizaciones delictivas.