Madrid, 5 dic (EFE).- El centro de primera acogida de menores en el distrito madrileño de Hortaleza lleva meses en el foco mediático por el uso que hacen de él los partidos políticos, bien por la masificación que sufre, bien por el discurso de “odio” que se ha creado a cuenta de incidentes que protagonizan algunos chavales.

El lanzamiento este miércoles de un artefacto explosivo dentro del recinto, que fue detonado de forma controlada por los Tedax, ha sido el último y más destacado episodio de un centro en el que vive más de un centenar de jóvenes menores, algunos tutelados por la Comunidad de Madrid por problemas en sus hogares y muchos otros extranjeros que llegan solos a España.

El Centro de Primera Acogida de Hortaleza, que en la actualidad cuenta con 52 plazas, se creó en 1986 para atender a adolescentes y jóvenes en situación de desamparo, y con el paso de los años ha visto aumentar la presencia de menores extranjeros.

La situación de los chavales que allí viven, de los profesionales que les atienden y de los vecinos del barrio donde se ubica ha sido desde hace años criticada o defendida, según las ocasiones, por partidos, sindicatos, ong y asociaciones vecinales, aunque en los últimos años ha sido más recurrente su presencia mediática.

Hace tres años, en noviembre de 2016, los sindicatos salían a defender a los trabajadores del centros, negando que maltrataran a los chicos o que éstos estuvieran abandonados;. Y ya entonces criticaban la falta de personal para el centro.

Un año después, en octubre de 2017, era el PSOE el que disparaba las alarmas sobre la situación de los adolescentes en el centro, al asegurar que estaba tan saturado que una decena de menores dormía en colchones en los pasillos.

Las continuas noticias y quejas de varias entidades por la situación de los chicos llevó al Defensor del Pueblo a pedir a la Comunidad de Madrid en marzo de 2018 información “amplia” sobre la organización, funcionamiento y trato dispensado a los menores.

Las denuncias por la situación de los chavales llegaban desde partidos políticos pero también desde sindicatos, como el de enfermería Satse, que en abril de 2018 alertaba de sarna, plagas de piojos y chinches en el centro.

Pero las quejas se intensificaron especialmente a partir de junio de 2018, con una llegada “masiva” de extranjeros no acompañados que fue objeto de cruce de acusaciones.

Mientras desde la izquierda se acusaba al Gobierno regional de no garantizar recursos suficientes para atender a los chicos en el centro, que superaba ampliamente el centenar de acogidos, el Ejecutivo respondía acusando al Gobierno del recién llegado a La Moncloa Pedro Sánchez de haber generado un efecto llamada de extranjeros al permitir el desembarco de los inmigrantes del buque ‘Aquarius’.

Este año, en cambio, el foco no se pone tanto en la masificación, que también se sigue denunciando, especialmente por los propios trabajadores del centro, como en el perfil de los chicos y chicas que viven en el centro, sobre todo a raíz de la entrada de Vox en las instituciones.

Vox ha venido denunciando en los últimos meses problemas de inseguridad en el barrio donde se ubica el centro, con vecinos, dicen, “atemorizados” por los “ataques y robos” que sufren y ha reclamado que no se abran más centros destinados a estos jóvenes y que se controlen las fronteras.

A principios de octubre una reyerta entre dominicanos y varios menores del centro, la mayoría de éstos de origen magrebí, despertaba nuevas alertas y de nuevo alimentaba el cruce de declaraciones políticas sobre la situación de los chicos y su comportamiento fuera del recinto, especialmente criticado por Vox.

Mientras el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha querido impulsar, con poco éxito, un pacto regional para solucionar la atención a estos menores, Vox ha llegado incluso a utilizar este tema en la campaña de las elecciones nacionales, con sonoras respuestas desde la izquierda.

La guinda, esta semana, ha sido el explosivo arrojado al recinto, cuyo origen aún investiga la policía y que ha contribuido a que estos menores sean, una vez más, arma arrojadiza entre los partidos.

Además del centro de Hortaleza, la Comunidad de Madrid dispone de la residencia de primera acogida para menores Isabel Clara Eugenia, que dispone de 40 plazas para menores de 15 años, y de otras 238 plazas, tanto de gestión pública como concertadas con diferentes entidades sociales, distribuidas en diferentes espacios de la región.

A ellas se sumará este mes un nuevo recurso dotado con doce plazas en el barrio de Vista Alegre, en el distrito de Carabanchel.